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martes 18 de diciembre de 2012
En Aldea San Gregorio un empleador tenía retenidos a nueve obreros, viviendo en situaciones indignas. Cuatro de ellos eran sus propios hermanos. Ahora se aproxima un juicio en su contra por trata de personas. La Justicia parece decidida a desnaturalizar el trabajo esclavo monte adentro.
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Alfredo Hoffman

Cristaldo Teodoro González tiene domicilio fiscal en calle Los Pinos Nº 0 de Ubajay y está inscripto como contribuyente ante el Distrito Concepción del Uruguay de la AFIP. Desde marzo de 1999 su actividad principal es la clasificada bajo el número 20310 (F-150): servicios forestales de extracción de madera, que incluye tala de árboles, acarreo y transporte en el interior del bosque. Cuando el 9 de junio de 2011 le cayó la inspección, tenía bajo su dependencia nueve hacheros esclavizados, uno de ellos era menor de 18 años y cuatro eran sus hermanos. Un año después la Justicia Federal de Concepción lo procesó por el delito de trata de personas –agravado por el número de víctimas y por ser el autor hermano de algunas de ellas–, en una resolución que ya fue confirmada dos veces por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná: una vez el 17 de octubre de 2012, cuando se rechazó la apelación de la defensa, y otra el 15 de noviembre, cuando no se hizo lugar a un recurso de casación. González se encamina ahora al juicio oral.

La acción transcurrió en Aldea San Gregorio, al norte del Departamento Colón, cerca de Ubajay y de la ruta nacional 14. Hasta allí, el empleador trasladó a un grupo de trabajadores oriundos de la provincia de Misiones y los puso a trabajar duro, casi sin descanso y viviendo en medio del monte, en medio de la mugre. El establecimiento, según decía el hombre, era propiedad de Rodolfo Beltrán. Pero él era el encargado de contratar al personal, transportarlos y –mal y tarde– pagarles. Y por eso lo denunció el Ministerio Público Fiscal, a partir de un informe estremecedor de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Los abogados de la Sección Penal Tributario de la División Jurídica de la Dirección Regional Paraná de la AFIP-DGI, Sebastián Mundani y María Florencia Sieber, se presentaron ante la fiscalía federal de Concepción del Uruguay y denunciaron lo que sigue.

El 9 de junio de 2011 se realizó, en aquel establecimiento rural, un operativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos conjuntamente con la Dirección Provincial del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y funcionarios de la Policía de Entre Ríos. En el marco de los planes implementados por el Gobierno nacional para combatir el trabajo ilegal, el operativo estaba destinado al control de personal y de las condiciones laborales de los empleados que desarrollaban tareas de explotación forestal y extracción de troncos. Relevaron a quienes estaban trabajando en el lugar y verificaron si los empleadores cumplían con las leyes de higiene y seguridad en el trabajo.

Los inspectores verificaron que allí había nueve personas –entre ellos un menor de edad– trabajando en tareas de desmonte; haciendo de maquinistas, tractoristas, motosierristas y podadores de poste. Todas esas tareas hacían para el patrón, el señor Cristaldo Teodoro González. Algunos de los peones vivían en el mismo lugar donde hacían sus labores: “En precarias casillas de madera, desprotegidos de las inclemencias del clima, en condiciones de hacinamiento, sin energía eléctrica, baños o agua corriente”. Además, no tenían ropa o elementos de seguridad para realizar sus tareas y atravesaban una “situación de carencia absoluta de higiene y seguridad laboral”.


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Mundani y Sieber adjuntaron a su presentación las actas y planillas de trabajadores confeccionadas durante el operativo, fotografías obtenidas e informes producidos.

Testimonios de la explotación

Raúl Pérez, inspector del Ministerio de Trabajo, prestó testimonio a la Justicia. Dijo: “Estaban en condiciones precarias. En las viviendas no había agua potable, no había baño. Usaban una especie de letrina, un tacho cubierto con un nylon negro. Vivían en casillas de madera, había tres o cuatro personas por casilla. Trabajaban todo el día, descansaban para comer (…) Ellos se cocinaban en el lugar con un fogón. Era una casilla que estaba aparte de las que usaban para vivir”.

Pérez siguió con la descripción: “Todos vivían en esas casillas porque no tienen domicilio cerca. Todos son de San Pedro, provincia de Misiones. Los traen de allí los contratistas; en este caso Teodoro González. Los buscan en colectivo o camiones. Es lo que contaban ellos. Algunos no sabían ni dónde estaban…”. Y terminó diciendo: “Manifestaron que el dueño del predio era Rodolfo Beltrán y que el que explotaba el lugar era Teodoro González. Esta persona era quien les pagaba y quien los trae de Misiones”.

María Florencia Sieber también testimonió y dejó en evidencia las condiciones de esclavitud en que el acusado mantenía a sus empleados, no sólo porque no les permitía moverse del lugar donde realizaban trabajos pesados, sino también porque les retenía los documentos.

“Eran varias casillas –contó Sieber–, en unas tenían camitas y en otra preparaban el fuego para cocinar. No había luz eléctrica, no tenían cómo conservar alimentos… Cristaldo era el titular de la explotación forestal, y cuando le pidieron los documentos no los tenían y después los trajo Cristaldo”.


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Además de los testigos, la Justicia contó con los informes de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daban cuenta de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los trabajadores explotados, la precariedad en la que desarrollaban sus tareas, su lugar de procedencia, las necesidades por la que aceptaron el empleo, la forma en que Cristaldo Teodoro González los habría contactado y trasladado hasta Aldea San Gregorio, las condiciones laborales y de vivienda, cómo era la jornada diaria, la manera en que González les proveía el alimento y la vestimenta, entre otras cuestiones.

Y, finalmente, las víctimas hicieron oír su palabra. Gabriel, Marciano, Salomón, Daniel, Sebastián, Ricardo, Miguel Ángel y Julio César narraron los pormenores de la situación, los motivos de imperiosa necesidad económica por lo que aceptaron el trabajo ofrecido, las condiciones en que vivían y desarrollaban sus tareas. Y no dudaron en señalar todos a González como quien los había contratado, les pagaba los sueldos, los había trasladado desde Misiones y les conseguía los alimentos.

Reunida la prueba, y luego de imputarlo y tomarle indagatoria, el 8 de junio de 2012 el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó al empleador por considerarlo “prima facie y por semiplena prueba autor responsable del delito de trata de personas mayor y menor de 18 años, agravado por el número de víctimas y por resultar el autor hermano de las víctimas (Art. 145 bis, 145 bis inc. 1, 145 bis inc. 3 y 145 ter primer párrafo del Código Penal).

Trabajador de monte

El defensor Edelmiro Díaz Vélez, quien también ha representado a acusados de trata con fines de explotación sexual, pidió la nulidad de la resolución por la que se había tomado conocimiento de la denuncia y se había iniciado la investigación y de la que había dispuesto la citación a indagatoria. Subsidiariamente, cuestionó la imputación que se le efectuara a Cristaldo González “por el solo hecho de ser empleador” y el encuadre de los hechos en la Ley de Trata. Además, en una audiencia realizada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, se explayó sobre las condiciones laborales propias de un trabajador de monte y expresó que luego de la inspección su defendido mejoró sustancialmente las condiciones de trabajo.

A su turno, la representante del Ministerio Pupilar, Mariela Nardi de Brouchy, quien tuvo intervención por la presencia de un menor entre los explotados, habló sobre el estado de vulnerabilidad de las víctimas. Pero también pidió que se profundizase la investigación para “ahondar más respecto de las circunstancias en que se encontraban esas personas e impedir la contratación en estas condiciones” y que se requiriese a las autoridades un seguimiento a quien era menor de 18 años en aquel momento, a fin de que se le proveyera de asistencia social.


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El fiscal general de Cámara, Ricardo Álvarez, no tuvo contemplaciones a la hora de defender el procesamiento: manifestó que el imputado conocía que tenía nueve personas en condiciones indignas, que todos ellos o su gran mayoría provenían del norte del país y que a todos se los recluía en el monte por no menos de dos meses; que no podían regresar; no podían movilizarse por sí solos sino que dependían de la buena voluntad del acusado; que el salario se abonaba entre los 45 y 60 días, que nunca se respetó lo pautado, y que de esa remuneración se les descontaban gastos de seguridad, alimentación y demás. “Típico ejemplo de explotación”, afirmó.

Álvarez aludió a lo testimoniado por las víctimas, quienes en sus declaraciones, en mayor o menor medida, reconocieron la “extrema precariedad rayana con la indignidad” a la que eran sometidos en la explotación forestal. Agregó que luego de la inspección el propio imputado pudo corregir las irregularidades advertidas y se preguntó por qué no lo hizo antes.

El 17 de octubre de 2012, la Cámara confirmó el procesamiento. Tuvo en cuenta que los hechos encuadraban en las figuras incorporadas al Código Penal por la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Citando el fallo “Cilleruelo, Alejandro” de la Cámara Federal de Mar del Plata, mencionó: “…el delito de trata de personas no es ni más ni menos que una forma coactiva o fraudulenta de restringir la libertad ambulatoria de la víctima, que es orientada a algunas de las específicas intenciones del autor (prostitución, trabajos forzados, servidumbre o extracción de órganos). Se constituye así, como un modo de privación ilegal de libertad calificado por el agregado de un plus conformado por la persecución de una finalidad típica por parte del autor (…) Se ha construido con este nuevo tipo penal una especie de privación ilegal de la libertad calificada por la finalidad de ‘explotación’ tal como reza la norma típica, que se complementa con el Protocolo de Palermo, que señala a la esclavitud, servidumbre o condición análoga, los trabajos forzados, el comercio sexual o la extracción de órganos como finalidades perseguidas por el autor dentro de aquél concepto de ‘explotación’ (…) No debe olvidarse que en razón a esa especial naturaleza y a su ubicación sistemática dentro de los delitos contra la libertad, esta nueva figura penal debe participar de aquellas características, es decir, debe tratarse de un modo de sometimiento similar o equivalente a la privación de libertad ambulatoria. Es por ello, que es considerado este delito como una moderna forma de esclavitud”.

La Cámara, en un fallo con la firma de Mateo Busaniche y de Daniel Alonso y coincidiendo con un planteo de Álvarez, sostuvo también “en el supuesto de autos” había “situaciones lesivas de la condición humana que en otros tiempos habrían sido consideradas como parte de un contexto 'natural/habitual' vinculado al ejercicio de una labor. En este corredor de ideas, el trabajo en el monte crea el estereotipo del 'trabajador de monte', respecto del cual se 'aceptaba' que sucedan o acontezcan ciertas circunstancias desfavorables pero que estaban 'inexorablemente' y 'naturalmente' asociadas a ese modo de trabajar. En la actualidad el Estado Argentino asume un paradigma diferente desplazando estereotipos y visibilizando a las personas, otrora escondidas en él, y aborda este tipo de situaciones con el objetivo de eliminar todo tipo de sometimiento, reducción o privación de libertad en resguardo de la dignidad humana –condición que reviste todo ser humano por el solo hecho de serlo y consagrado por el derecho internacional de los derechos humanos”.

El fallo también consideró que las pruebas corroboraban que González se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas –escasa educación, condiciones socio-económicas desfavorables de sus lugares de origen, extremas necesidades económicas y otras circunstancias– con la finalidad de explotarlos laboralmente.

Luego de advertir que correspondería ahondar la investigación para “determinar la posible complicidad de otros sujetos”, los camaristas rechazaron el recurso de apelación y confirmaron el procesamiento. La vocal Cintia Gómez estuvo presente en la deliberación, pero no suscribió la resolución.

El 15 de noviembre de 2012 la Cámara volvió a estudiar el tema y rechazó el recurso de casación del defensor Díaz Vélez. Ahora Cristaldo Teodoro González deberá afrontar un juicio. Los delitos por los que está acusado se penan con hasta 15 años de prisión.


Fotos: AFIP

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