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Malicia procesal
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viernes 24 de agosto de 2012
Por maniobras dilatorias, la Cámara Federal ordenó un sumario disciplinario al abogado Guillermo Retamar, defensor del temible represor Demonte, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La causa Área Paraná, en su laberinto.
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Alfredo Hoffman

La Justicia por fin dio una señal: por primera vez tomó una decisión a favor de poner un freno a la embestida dilatoria de las defensas de los genocidas y el destinatario fue el abogado Guillermo Retamar. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió poner en marcha los mecanismos tendientes a sancionarlo por incurrir en lo que las querellas calificaron de “malicia procesal”. Es cierto, el abogado logró su cometido: trabó durante varios meses el expediente más voluminoso por delitos de lesa humanidad de Entre Ríos; pero al menos podría suceder que la aventura no le salga gratis.

Retamar, como representante del represor Cosme Ignacio Marino Demonte, escogió a fines de 2011 una estrategia consistente en estirar todo lo posible el dictado de la sentencia en la megacausa Área Paraná. Para eso buscó y logró separar, uno por uno, a los jueces que han sido designados para llevar adelante el proceso. Terminó por recusar a toda la Cámara Federal, pero fue entonces cuando los magistrados lo frenaron: en una resolución del 16 de agosto –a la que tuvo acceso Telaraña– declararon inadmisible su presentación y dispusieron iniciarle un sumario disciplinario, como habían solicitado los querellantes en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Asociación Civil Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.).

De mano propia

Demonte, el cliente de Retamar, pensaba que ya estaba a salvo, resguardado entre las góndolas del hipermercado Wal Mart donde oficiaba de vigilador privado hacia el otoño de 2010, cuando fueron a detenerlo por orden del Juzgado Federal. Se había reciclado en el rubo de seguridad, en la empresa Phoenix, como muchos de sus antiguos camaradas, pretendiendo sacar provecho de sus conocimientos represivos. No eran pocos esos conocimientos: no sólo había actuado como miembro de la Policía Federal en los grupos de tareas que monopolizaban el ejercicio del terror en la capital entrerriana durante los años de la dictadura cívico-militar; sino que también fue Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército Argentino. Como policía, se desempeñó como jefe del Servicio de Calle de la delegación Paraná. Como PCI, se reportaba con el nombre de Carlos Dellephiani ante el Destacamento de Inteligencia 122 con asiento en la ciudad de Santa Fe y su sección Paraná.

El 16 de agosto de 1976, Demonte encabezó la patota que detuvo a Victorio Coco Erbetta en la facultad de Ingeniaría de la UCA, que funcionaba donde hoy se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Coco estuvo una noche en la sede de la Federal, luego pasó al campo de concentración del escuadrón de Comunicaciones del Ejército. De allí salió para visitar a monseñor Adolfo Servando Tortolo y luego fue asesinado y su cuerpo hecho desaparecer.

La mañana del 2 de mayo de 1977, en avenida Ramírez y La Paz, Demonte volvió a aparecer en escena. Cuando Pedro Miguel Sobko se escapó del baúl del auto en que él y otros lo llevaban secuestrado, se bajó con el arma en la mano, lo persguió y le disparó a quemarropa. Después volvieron a cargar al muchacho en el baúl y lo llevaron al Hospital Militar. Allí habría sido donde murió. Su cuerpo nunca apareció.

demonte

Los testigos de aquellos sucesos hicieron que al vigilador privado, tres décadas después, se le terminaran los días de libertad. El 17 de abril de 2010 quedó preso. Mucho tuvo que ver el trabajo de Clarisa, hija de Pedro Sobko y militante de H.I.J.O.S. Paraná, que un día, junto a sus compañeros, le tocó el timbre a los vecinos de avenida Ramírez entre Uruguay y Colón y así logró pruebas suficientes para reconstruir aquel asesinato obsceno a plena luz del día.

Eterna malicia

El expediente caratulado “Señor Fiscal General solicita desarchivo de causas que tramitaran por Art. 10 Ley 23.049”, conocido por el nombre que dieron los militares a sus dominios en esta parte de la provincia, Área Paraná, ha atravesado todo tipo de dilaciones desde sus inicios en épocas de la recuperación democrática. Se puede mencionar la pereza de los instructores militares de las primeras investigaciones, la vigencia de las leyes de impunidad y el extenso debate legal que terminó con la aplicación del antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal –como querían los acusados– que obliga a realizar casi todos los trámites por escrito y a puertas cerradas. Demonte, pese a ser un “imputado nuevo”, rápidamente se amoldó a sus pares genocidas más duchos en cuestiones tribunalicias. Y a través de su abogado se metió de lleno en la estrategia de estirar los tiempos judiciales, mientras muchos familiares de las víctimas mueren de viejos sin conocer la Justicia, y ellos quedan a la espera de que alguna enfermedad propia de la edad los ponga a salvo de una sentencia.

Así lo expresaron los abogados Álvaro Baella, de Derechos Humanos de la Nación, y María Florencia Amore, de H.I.J.O.S., en un escrito presentado a la Cámara de Apelaciones la semana pasada: “En la presente causa las defensas han venido efectuando una multiplicidad de medidas dilatorias destinadas a demorar el decisorio sobre el fondo y perpetuar la impunidad de las personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos”. Por esas maniobras responsabilizaron a los defensores de Demonte y de otro de los imputados, Jorge Humberto Appiani, quienes en noviembre de 2011 comenzaron a “interponer indiscriminadamente recusaciones contra todos y cada uno de los magistrados que se avocan a la causa, paralizando el proceso desde aquel momento a la fecha”.

Fue así que el 7 de noviembre Retamar interpuso recusación contra el juez de sentencia Fermín Amado Ceroleni. En consecuencia, el 30 de noviembre se avocó a la causa Aníbal María Ríos. El 13 de diciembre Appiani recusó también a Ríos. El 16 de diciembre la Cámara designó como jueza subrogante a Beatriz Estela Aranguren, quien se hizo cargo el 22 del mismo mes. En abril de 2012 Demonte embistió contra Aranguren. La sucedió Pablo Seró. Pues el 17 de mayo el abogado del vigilador también recusó a Seró. No conforme con esto, formuló el mismo planteo hacia el secretario del juzgado, Juan Antonio Rosas Paz. Y, para completarla, la semana pasada obligó a suspender una audiencia de la Cámara pretendiendo apartar a todos sus integrantes y reemplazarlos por conjueces, en lo que para la querella fue la expresión más acabada de su “evidente y alevosa malicia procesal”.

retamar

Baella y Amore pidieron que esa presentación fuera rechazada “in límine”. Pero además solicitaron la sanción de Retamar, por entender que su conducta se encuentra encuadrada dentro de lo que se denomina “malicia procesal”. Citaron el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece: “Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las partes, el juez le impondrá a ella o a su letrado o a ambos conjuntamente, una multa valuada entre el diez y el cincuenta por ciento del monto del objeto de la sentencia. En los casos en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible de apreciación pecuniaria, el importe no podrá superar la suma de $ 50.000. (…) Sin perjuicio de considerar otras circunstancias que estime corresponder, el juez deberá ponderar la deducción de pretensiones, defensas, excepciones o interposición de recursos que resulten inadmisibles, o cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales o que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso”.

“Podemos encontrar en las infinitas dilaciones del defensor de Demonte, un catálogo de acciones que podrían considerarse tanto maliciosas como temerarias. Será a gusto de los juzgadores entenderlas en uno u otro sentido, su intencionalidad es únicamente impedir el acceso a una tutela judicial efectiva a víctimas de delitos de lesa humanidad a quienes les ha sido vedado el acceso a la justicia por más de 35 años”, sostuvieron.

El 16 de agosto, la Cámara que integran Cintia Gómez (presidenta), Mateo Busaniche (vicepresidente) y Daniel Alonso (juez subrogante), hizo lugar a lo pedido por la querella y declaró “manifiestamente inadmisible” la pretensión de recusación del tribunal en pleno. Además, en el punto 2, resolvió: “Instruir a la oficina de Prosecretaría para que inicie respecto del abogado Guillermo Retamar el correspondiente sumario disciplinario”.


Laberinto

Desde la recusación de Retamar al juez de sentencia, en noviembre de 2011, la causa entró en un estado de enlentecimiento grave. La situación empeoró el 28 de marzo de 2012, cuando se declaró nula una resolución de Ceroleni de noviembre y todos los actos dictados en consecuencia, y todavía más el 11 de mayo, cuando –en el mismo sentido– se resolvió una marcha atrás al 15 de diciembre de 2011: las vistas corridas luego de esa fecha a las defensas de los imputados por las acusaciones realizadas contra ellos y las respectivas contestaciones, se deben volver a realizar. La causa Área Paraná parece seguir perdida en un laberinto de formalismos. El martes 21 de agosto, las querellas apelaron esta medida y pidieron que esas contestaciones se tengan como válidas, para evitar todavía más meses –o tal vez años– de demora. Lo que debería seguir es una definición al respecto.  


Fotos: cij.gov.ar - H.I.J.O.S. - Elonce.com

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