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lunes 25 de marzo de 2019
Miles de ciudadanos marcharon este domingo por las calles de Paraná para no olvidar que hace 43 años se abrió una de las etapas más cruentas de la historia argentina, una época que no queremos repetir nunca más. Para no olvidar que son 30 mil. Y para no olvidar que a la democracia hay que sostenerla día a día.
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Por Telaraña
La convocatoria frente al Monumento a la Memoria en la Plaza Sáenz Peña, donde todos los años arranca la marcha, fue multitudinaria. Veinte mil fue el número de participantes calculado por la organización de la Marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

Este año, a las consignas tradicionales se sumó otra muy actual: bajo el lema "Contra la miseria planificada" se comparó a las políticas del Gobierno de Mauricio Macri con el proyecto de  país aplicado por la dictadura cívico-militar desde 1976. Es "el mismo programa económico de Martínez de Hoz. Un programa neoliberal que produce hambre y saqueo a la mayoría de la sociedad", señala el documento redactado por la Multisectorial de Derechos Humanos, que fue leído en el acto central que se realizó en un escenario instalado en Alameda de la Federación y Buenos Aires. 

En esa esquina culminó la enorme movilización que aglutinó a organizaciones de todo tipo, encolumnadas tras las banderas de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER) y de la asociación de ex presos políticos La Solapa, que tradicionalmente encabezan la columna.


Documento de la Multisectorial

Hoy nos encontramos nuevamente compañeras y compañeros en este día de lucha, en este día de reivindicación y memoria colectiva. Estamos acá como cada 24 de marzo para homenajear a nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, a nuestros muertos y a los compañeros y compañeras sobrevivientes de la dictadura genocida.

Somos un pueblo movilizado, resistiendo y luchando por un país distinto, por eso marchamos y cantamos, con la alegría de luchar por la Patria que soñamos. 

Han pasado 43 años desde aquel nefasto Golpe de Estado del 24 de 1976, de aquella Dictadura Cívico Militar que instauró en nuestro país el mas terrible plan sistemático de exterminio que haya sufrido el pueblo argentino. El secuestro, la tortura y la desaparición forzada fue el modus operandi que implementaron los genocidas para eliminar a una generación de militantes que luchaba por una sociedad más justa e igualitaria: nuestros asesinados y desaparecidos. 

Pero aquella terrible Dictadura no fue ejecutada solamente por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También fueron parte necesaria del genocidio, la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales y los grandes medios de comunicación, respondiendo a un programa de dominación neocolonial en el Cono Sur, el Plan Cóndor, perpetrado por el imperio estadounidense.

Hoy, a más de 4 décadas de aquellos sucesos, atravesamos un presente difícil en toda América Latina y en nuestro país. Hoy tenemos un gobierno nacional, electo por una exigua mayoría y respaldado por las grandes corporaciones económicas y mediáticas y por el imperialismo norteamericano. Su proyecto de país es el mismo del ‘55, el mismo del ‘76, aquello que Rodolfo Walsh llamó la “miseria planificada” y para instaurarlo secuestraron, torturaron, enviaron al exilio, robaron bebés, asesinaron e hicieron desaparecer a los 30.000 compañeros y compañeras. Hasta se repiten los mismos apellidos: allí están los descendientes de Massot y Blaquier ocupando importantes cargos de gobierno. 

Por eso decimos que este gobierno llegó por las urnas para implementar el mismo programa económico de Martínez de Hoz. Un programa neoliberal que produce hambre y saqueo a la mayoría de la sociedad. La devaluación permanente de nuestra moneda y las altísimas tasas de interés destruyen el aparato productivo argentino y promueven un modelo de valorización financiera que sólo favorece a un pequeño grupo de multinacionales agroexportadoras y Bancos nacionales e internacionales. Los tarifazos de luz, nafta, gas y agua revelan la enorme concentración económica de los ingresos a favor de un puñado de empresas energéticas, mientras el pueblo ve cada día perder el poder adquisitivo de su salario en las góndolas del país. El cierre de empresas y Pymes, el desempleo creciente y la flexibilización laboral y el ajuste a los jubilados son las consecuencias sociales de un modelo excluyente que solo produce dolor y pobreza para nuestro pueblo.

Este modelo es el mismo que promueve el avance de un nuevo genocidio bajo la modalidad silenciosa (ecocidio), patrocinada por el modelo agroindustrial y promovida por Monsanto, la Bolsa de Cereales, la Sociedad Rural Argentina, entre otras. Por eso exigimos la transición urgente y necesaria hacia un modelo de producción agro ecológico que prime la vida por sobre la ganancia. 

Apoyamos el fallo del juez Benedetto y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia en cuanto resguarda a las escuelas rurales de la fumigación y la salud socio-ambiental de la comunidad educativa y nuestros gurises.

Exigimos al gobierno provincial dar marcha atrás con el decreto que autoriza las fumigaciones a los establecimientos rurales a una distancia de 100 mts. Y que el Fiscal De Estado, Rodríguez Signes, defienda a la población entrerriana y no a las corporaciones.

Asimismo es imperioso frenar los desmontes en nuestra provincia ante el avance desenfrenado de la frontera agro-sojera, con la consecuente pérdida de la biodiversidad.

Celebramos el fallo que absolvió a la comunidad Pu Lof en la Patagonia, causa armada entre grandes terratenientes que, con el aval político del gobierno nacional, hostigan continuamente no solo judicial sino también físicamente, a través de la represión por parte de las fuerzas de seguridad nacional, a quienes luchan por un legítimo derecho a la tierra e implementan otras formas de producción de las que se imponen desde este sistema productivo hegemónico. 

Exigimos justicia por la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos compañeros que hoy ya no están con nosotros por haber enfrentado a los terratenientes de la Patagonia, a los Benetton, a los Lewis. A los amigos de Macri. 

Exigimos la renuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, porque no solo es la responsable política del violento accionar de las fuerzas de seguridad sino también porque desde su función pública abona la teoría del enemigo interno, la misma que se utilizó para legitimar los crímenes de la dictadura genocida. 

Hoy, el Fondo Monetario Internacional vuelve a la Argentina de la mano de Macri para endeudar a tres generaciones de argentinas y argentinos. Mientras aumenta la fuga de capitales y destina esos fondos al pago de los intereses de la deuda, en el pueblo crece el hambre, hay gurises que solo comen una vez al día y muchas veces por la asistencia de los comedores. Porque ni un solo peso de toda esa deuda contraída con el FMI se destinó para resolver los problemas de la sociedad, como la falta de escuelas, jardines maternales, hospitales y viviendas. La mayoría de la sociedad viene haciendo un esfuerzo enorme para sostener la tasa de ganancia de los grandes grupos económicos, mientras que tiene que recurrir al endeudamiento individual o familiar para poder comer y pagar las cuentas. 

Por eso no dudamos en afirmar que el gobierno de Macri [y la Alianza Cambiemos]  es el más fiel representante de lo que llamamos la burguesía intermediaria, aquella que está ligada directamente a los imperialismos. Este gobierno representa a los enemigos del pueblo. Macri y su familia forman parte de la llamada patria contratista. Son un grupo económico que creció desde la Dictadura de Onganía hasta la década del 90, licuando deudas extranjeras sobre las espaldas del pueblo argentino o quedándose a precio vil con el capital social que significaban las empresas estatales. Son parte de una clase rastrera que no duda en valerse de cualquier método de enriquecimiento, como ocurrió en el caso paradigmático de la mega estafa del Correo Argentino y la maniobra de contrabando con la empresa SEVEL. 

Así es que el curso de los acontecimientos -desde el mismo momento de su asunción- nos da la razón. Hoy estamos en condiciones de manifestar que no existen errores o equivocaciones en el accionar del macrismo y sus socios, la embestida contra el pueblo es su verdadero plan de acción. Se trata de ricos gobernando para ricos, resolviendo sus contradicciones en aras de garantizar el sostenimiento de sus privilegios de clase, que resultan cada vez más escandalosos en un país donde la miseria, la desocupación, la exclusión y la pérdida de derechos son pretensiones de quienes hoy detentan la suma del poder. 

Este gobierno está llevando al poder político a una disociación con la soberanía popular. No escuchan ni sienten los dolores del pueblo, gobiernan mediante decretos o legislan con el Congreso vallado y custodiado por las fuerzas de seguridad, que no dudan ni un instante en reprimir cualquier manifestación de resistencia popular, de las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos y los movimientos sociales. 

Y lo pueden hacer también porque cuentan con el blindaje de los medios hegemónicos de comunicación, grandes aliados del gobierno, que tienen el poder de influir en la opinión pública y tergiversar las verdaderas causas de los problemas nacionales. Además, cuentan con un sector importante del Poder Judicial que, bajo la fachada de ser una justicia independiente, operan para favorecer al gobierno en las causas de corrupción que los comprometen. Así los medios hegemónicos de comunicación y el poder judicial son en la actualidad los bastiones en los que el gobierno se apoya para ejecutar su proyecto político en contra del Estado de Derecho, transformándolo en un estado de excepción en donde los agentes de los servicios de inteligencia se entreveran con los periodistas mercenarios de esos mismos medios. El caso Stornelli-D´alessio-Clarín, expone de un modo brutal una trama histórica de vínculos y negocios entre los poderes fácticos de la Argentina que al salir a la luz no hace más que oscurecer la democracia y el ideal de justicia en nuestra sociedad. 

Desde este poder judicial y mediático se vienen implementando un conjunto de prácticas extorsivas y persecutorias que han mutado en el tiempo en sus formas pero no en su objetivo: destruir moral, subjetiva y políticamente al adversario. Las nuevas prácticas consisten en difundir noticias falsas, manipulando a la sociedad y demonizando a organizaciones o dirigentes políticos que se oponen a este proyecto neoliberal. Para luego abrirles causas judiciales llevadas adelante por jueces o fiscales que responden a la embajada estadounidense, causas que posteriormente son fogoneadas y justificadas nuevamente por los mismo medios. Pero esta trama oscura no es exclusiva de nuestro país. También se evidencia que en Latinoamérica los oponentes políticos a este régimen son perseguidos y encarcelados sin el respeto de las garantías constitucionales. Así fue como lograron proscribir a Lula Da Silva en Brasil, y así es que en nuestro país existe un constante intento de proscripción a la mayor líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner. 

Porque estamos ante la restauración del proyecto neocolonial en América Latina, de destrucción de los procesos populares que desafían la concentración de la riqueza en las mismas manos de siempre y que buscan liberarnos del yugo extranjero. Por eso, nuevamente reafirmamos nuestro reclamo histórico por la soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y nos declaramos en contra de la política de desmalvinizacion encabezada por el gobierno nacional de la alianza Cambiemos, que se inscribe en el alineamiento automático al poder imperialista, subordinando los intereses nacionales ante el beneficio de las corporaciones foráneas. No permitiremos el olvido de nuestros soldados caídos en Malvinas ni de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la oficialidad contra soldados y colimbas durante el conflicto bélico. 

También queremos repudiar todo intento imperialista de avanzar sobre la soberanía de nuestros pueblos de América Latina. El complot y la amenaza de intervención contra el Estado de la República Bolivariana de Venezuela y su legítimo gobierno, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, no es otra cosa que un nuevo intento de expropiar las riquezas del pueblo venezolano, su petróleo y sus recursos naturales. Tal como buscaron hacer los imperios desde hace cinco siglos. 

¡SI A LA AUTODETERMINACION Y LA SOBERANIA POLITICA Y ECONOMICA DE NUESTROS PUEBLOS!

Y con esas mismas banderas seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia por los 30.000. Y damos esa batalla también en los juzgados federales de nuestro país. En nuestra provincia en los últimos años ha habido importantes avances, obteniendo sentencias de condenas significativas, a contramano del retroceso que los cómplices civiles de la dictadura quisieron imponer con el 2x1 y que no pudieron por la resistencia de un pueblo comprometido con la memoria. 

Luego de la esperada sentencia en la Mega Causa Área Paraná que condenó a Appiani, Moyano, Demonte, Appelhans, Rivas, Obaid y Bidinost, también logramos la condena del policía provincial Atilio Céparo, del policía federal Darío Mazzaferri y del médico militar Capellino.

Fue en 2018 que dimos un paso importante en la verdad y la justicia de nuestra ciudad, cuando se logró la primera condena a civiles partícipes de la dictadura genocida. Allí se juzgó y condenó por el robo de bebés a Miguel Alberto Torrealday, Jorge Eduardo Rossi y David Vainstub. Ellos, los dueños del Instituto Privado de Pediatría, aún prefieren callar, ocultar dónde está el Melli y a quién se lo entregaron.

Es un año más que nos seguimos preguntando, ¿dónde está el Melli Valenzuela Negro? ¿Dónde están los casi 400 nietos y nietas que aún nos faltan encontrar? Y también nos seguimos preguntando ¿Dónde están los restos óseos de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos? Todavía se nos sigue negando a los familiares de las víctimas poder terminar un proceso de duelo de mas de 40 años.

Pero la justicia federal de Paraná es lenta y aún restan juicios y sentencias importantes para la lucha contra la impunidad. La causa Área Paraná II, otra vez se encuentra empantanada con planteos de las defensas de los genocidas, que son habilitadas por la jurisdicción. La desaparición de Jorge Emilio Papetti y el secuestro y tortura de otras y otros compañeros continúa sin justicia. Hoy se continúan líneas de investigación de manera aislada sin dar cuenta de la magnitud de estos crímenes, de la sistematicidad de los hechos y de que se cometieron por un gran número de personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de seguridad de la provincia.

Hoy es también nuestro compromiso reconstruir la memoria desde una perspectiva feminista. Esto no solo es una urgencia, sino una responsabilidad política que nos involucra a todos, todas y todes como sociedad. La dictadura intentó reinstalar o reforzar un imaginario social que concebía roles de género dicotómicos. Hubo una exaltación del rol de la mujer-madre en la casa, su función reproductiva y doméstica. La mujer no era competente para el ámbito público, y por eso las denominadas subversivas representaban no solo la ruptura de un orden social desigual y capitalista, sino un quiebre con el modelo de familia patriarcal.

Las mujeres, lesbianas, travestis y trans, somos protagonistas de una revolución que viene a romper con los mandatos políticos y culturales establecidos, nos unimos en un solo grito para decir ¡basta! ¡Vivas nos queremos! Porque este año, en nuestro país, ya sufrimos 45 femicidios, 2 travesticidios y 16 travesticidios sociales. Exigimos que se sancione la ley de emergencia en violencia de género y que la Legislatura adhiera a la ley Micaela, para que todas y todos los agentes del Estado actúen con perspectiva de género, garantizando el acceso a nuestros derechos.

Exigimos que se apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso Nacional, para que las personas gestantes –mujeres y varones trans– de nuestro país podamos decidir sobre nuestros cuerpos y abortar seguras y de manera gratuita. El aborto es una problemática de salud pública y un derecho humano que ha venido siendo sistemáticamente negado. El aborto no puede ser un privilegio al que acceden algunas porque pueden pagarlo, mientras otras mueren. El aborto es un derecho humano, y POR ESO GRITAMOS: ¡ningún derecho humano puede estar en el código penal! ¡Ningún derecho humano puede plebiscitarse! ¡Ninguna debe ir presa y ni terminar muerta por el derecho a decidir!

Asimismo, pedimos por la ejecución de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en todo el país y en nuestra provincia en particular, para que sea efectivamente implementada, con presupuesto suficiente y esencialmente laica. 

No queremos que el Estado y el poder médico discipline los cuerpos de las niñas y las adolescentes: obligar a parir es tortura. En nuestro país, las niñas mueren porque les niegan el derecho a abortar.
También estamos aquí para denunciar fuertemente la vigencia de la violencia institucional en la provincia de Entre Ríos. Tenemos la convicción de que las balas policiales no son la solución del conflicto social sino las políticas inclusivas, de redistribución del ingreso, y de la transformación democrática de las Fuerzas de Seguridad. Basta de persecución a los jóvenes pobres, muchas veces justificado en los prejuicios de la sociedad y es esa sociedad la que debe entender que la delincuencia muchas veces no tiene su origen en la maldad individual sino en la desintegración de un sistema que no ofrece ni garantías ni oportunidades. 

Porque cuando el contexto político lo favorece, recrudecen los episodios de violencia institucional. Y la Policía de Entre Ríos actúa cada vez con mayor violencia y arbitrariedad, somete a los jóvenes a apremios ilegales, sobre todo a los pertenecientes a los barrios más humildes, y hay comisarías en las que se practica la tortura. Por ello le exigimos al poder ejecutivo provincial el pleno respeto por los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, el sometimiento de la policía al control y conducción política, la derogación de la inconstitucional Ley de Contravenciones y la urgente reglamentación y puesta en marcha del Mecanismo de Prevención de la Tortura. 

Fue el año pasado en que tuvimos un muerto por gatillo fácil en nuestra ciudad, Gabriel GUZMÁN, quien fue ejecutado por la espalda por la policía de entre ríos. Exigimos garantías y celeridad en el proceso penal para que podamos alcanzar la verdad y la condena a los responsables. 

En el mismo sentido, reclamamos justicia por las desapariciones en democracia de Héctor Gómez y Martín Basualdo y el asesinato de Totín Pérez, aparición de los restos de Elías Gorosito y enjuiciamiento a los responsables políticos de los asesinados en diciembre de 2001, Romina Iturain, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez. La represión de la Alianza en Entre Ríos no debe quedar impune, menos aún cuando muchos del elenco gobernante en aquellos años hoy son parte de la Alianza Cambiemos. 

En este contexto represivo se incorpora la ley de narcomenudeo en nuestra provincia, que busca desviar la atención de los grandes narcotraficantes y se dedica a perseguir a nuestros jóvenes. Esta ley no solo es inconstitucional ya que la provincia se arroga facultades de competencia federal, sino que además vuelca todo el aparato represivo del estado en la persecución y estigmatización de los más vulnerables, llevando a una saturación policial y judicial en materia de prevención y dejando indemne a las corporaciones criminales y por ello pedimos su derogación. 

En este sentido persecutorio encontramos que las políticas prohibicionistas y punitivistas que relacionan al usuario de sustancias con el consumo problemático o la delincuencia han fallado en todos sus intentos de reducir el consumo o la producción de sustancias denominadas ilegales. 

La Alianza Cambiemos llegó al gobierno con la consigna de luchar contra el narcotráfico y tiene en la ciudad de Paraná a un Intendente de su fuerza política procesado por la justicia federal por los negocios con el narcotráfico local que le permitieron llegar a la Municipalidad de Paraná. Estamos hablando de Sergio Varisco, el intendente que manda a romper los afiches de convocatoria a esta marcha, el intendente que con la desidia que caracteriza su gestión ha obstaculizado la realización de este acto, el intendente que ha llevado la Municipalidad a un lugar de absoluta ausencia en la resolución de las necesidades de la ciudad, el intendente que tiene mas intervenciones en el ámbito judicial que en los barrios de Paraná. 

No tenemos dudas de que Sergio Varisco es Mauricio Macri, son parte del mismo pasado y expresan el mismo desprecio por el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En este sentido, denunciamos el retroceso en políticas de memoria por parte de la gestión de Varisco, lo que se observa en el lamentable descuido y deterioro que muestran los espacios públicos conmemorativos de las víctimas del terrorismo de Estado, la ausencia de una política de mantenimiento de los mismos y la falta de continuidad de iniciativas que la Municipalidad, como máxima institución de la ciudad, supo diseñar y ejecutar en gestiones anteriores, como el programa Jóvenes por la Memoria y los eventos de Teatro x la Identidad y Música x la Identidad. 

Esta política de desmemoria se da también en la nula participación y apoyo por parte del Estado Municipal en los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en la ciudad. La única intervención en más de tres años ha sido la defensa particular que ejerció el Secretario Legal y Técnico de la comuna, Walter Rolandelli, del médico condenado por su participación en robo de bebés durante la dictadura, Miguel Torrealday. 

Esta marcha compañeros y compañeras es un punto de confluencia de distintas vertientes de nuestro pueblo en torno a la exigencia de memoria, verdad y justicia.

La unidad del campo popular y de las organizaciones libres del pueblo es la responsabilidad histórica que nos toca asumir, desde cada uno de nuestros lugares y trincheras, aceptando la diferencia para enfrentar al antagónico, a los enemigos históricos del pueblo argentino. 

Los genocidas planificaron esta miseria que hoy nos gobierna. Nos mutilaron como sociedad y nos destruyeron las familias. Son esos mismos genocidas que hoy sufren la mas contundente derrota cultural que hayan tenido, estos asesinos que se robaron los hijos de los militantes para cambiarles la identidad, hoy ven que sus propios hijos deciden cambiarse sus nombres para no perpetuar un apellido manchado de sangre y muerte y eso es una victoria de este proceso de memoria verdad y justicia que este pueblo ha venido construyendo incesantemente como nos enseñaron ellas, las Madres y las Abuelas, como nos enseñaron y enseñan Pepita Goyeneche. Carmen Germano. Benjamina Sosa. Amanda Mayor. Clarita Fink. Y tantas otras, porque somos memoria que no cesa y como ellas seguimos luchando entrelazados.

Porque no nos han vencido!

Hoy acá y en cada rincón de la patria el pueblo se moviliza por la patria que ellos y ellas soñaron. Esta lucha es también su lucha. Y será la lucha de las generaciones venideras. 
Una Patria grande. 
Una Patria sin hambre. 
Una Patria con justicia social. 
Una Patria con perspectiva de géneros. 
Una Patria para todes. 
Una Patria libre.
Esa es la patria que soñamos. Esa es la patria que soñaron.
Esa es la patria que estamos construyendo.

¡30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTE!
¡AHORA Y SIEMPRE!

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Miles de ciudadanos marcharon este domingo por las calles de Paraná para no olvidar que hace 43 años se abrió una de las etapas más cruentas de la historia argentina, una época que no queremos repetir nunca más. Para no olvidar que son 30 mil. Y para no olvidar que a la democracia hay que sostenerla día a día.

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