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Al servicio del robo de bebés
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domingo 05 de agosto de 2018
Se inicia en Paraná el juicio por la sustracción de los hijos mellizos de los militantes desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Los acusados son tres médicos propietarios de la clínica donde los bebés estuvieron internados antes de desaparecer, que representan la complicidad civil con la dictadura. Un reclamo que inunda las redes: #DóndeEstáElMelli y #RompanElSilencio.
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Alfredo Hoffman

El lunes 6 de agosto, en Paraná, comenzará el juicio contra los médicos acusados de la sustracción y supresión de la identidad de los hijos mellizos de los Raquel Negro y Tulio Valenzuela, militantes montoneros desaparecidos durante la última dictadura. La expectativa está puesta en lograr condenas para los imputados, lo que implicaría demostrar la participación de civiles en el plan sistemático de robo de bebés en Entre Ríos, ya que hasta ahora sólo han sido sentenciados miembros de las fuerzas armadas por estos delitos. También hay un margen de expectativa por lo que puedan llegar a decir los testigos, principalmente médicos y enfermeras que trabajaban en aquella época, y en la nueva oportunidad que tendrán los que serán enjuiciados para brindar información al respecto. Es que lo que salga de este juicio oral y público puede ser útil para lograr el objetivo de localizar al mellizo varón, que continúa hoy a sus 40 años viviendo bajo una identidad falsa. La melliza mujer, Sabrina Valenzuela Negro, conoció su origen en 2008.

En el banquillo estarán Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, socios del Instituto Privado de Pediatría, el IPP. Un cuarto socio, Ángel Luis Schroeder, falleció en 2014, antes de que sus pares fueran citados a declaración indagatoria. En 1978, al año siguiente de su fundación, esa clínica alojó a los mellizos durante 23 días en el caso de la niña y 17 días el niño, luego de nacer en el Hospital Militar de Paraná los primeros días de marzo. La fecha del alta fue el 27 de marzo para ambos y fue ese día cuando se perdió el rastro. Del trío de galenos, Torrealday es quien se presume que tiene mayor responsabilidad, porque todos los testigos lo referencian como quien tomaba las principales decisiones y quien en los hechos actuaba como el director, aunque todos tuvieran el mismo rango en los papeles. 

El 18 de julio de 2011 Torrealday fue designado por el entonces gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri como coordinador en Programas de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la Provincia. Apenas dos meses después el ministro Ángel Giano, hoy senador provincial, le pidió la renuncia. Acababa de hacerse pública su vinculación con el caso de los mellizos, durante el juicio conocido como Hospital Militar. En aquella oportunidad, el funcionario se negó a brindar información en su declaración como testigo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, pese a las insistencias de los jueces. “Usted dice que quiere encontrar al niño, pero son ustedes los que tienen la clave para saber la verdad”, le dijo la presidenta del tribunal, Lilia Carnero. Luego le recriminó directamente: “Creo que usted sabe lo que pasó y omite información; quién recibió, quién atendió y quién dio de alta a los niños”. Por su parte, el juez Roberto López Arango, adoptó la misma postura: “Llama la atención que las enfermeras supieran y los médicos no”. En el nuevo juicio solamente estará López Arango, como solitario integrante de una corte unipersonal. Tendrá otra chance para exigirle que diga la verdad.

Un video subido a Youtube por la agrupación H.I.J.O.S. permite ver y escuchar al médico, nervioso, negando saber quién se llevó a los niños de su clínica.



Cuarenta años atrás

La trama de estos hechos ha dado lugar a libros de ficción y no ficción, investigaciones académicas, documentales y hasta una película que lleva el nombre del frustrado operativo que armó la dictadura para asesinar a la cúpula de Montoneros, Operación México. El 2 de enero de 1978 Raquel Ángela Carolina Negro, con un embarazo avanzado, y Edgar Tulio Tucho Valenzuela fueron secuestrados en Mar del Plata junto a Sebastián, el pequeño hijo de Raquel y su anterior pareja, Marcelino Álvarez, quien ya se encontraba desaparecido. Los trasladaron al centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Fue el propio Leopoldo Fortunato Galtieri, como jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, quien les propuso un pacto: Tucho debía viajar a la ciudad de México junto con agentes del Destacamento de Inteligencia 121 y llevarlos hasta la casa donde se encontraba la conducción de la organización. Respondieron que aceptaban el trato, lograron que Sebastián fuera llevado con la familia Negro en Santa Fe, Raquel quedó como rehén y Tulio voló a tierra azteca con los represores. Al llegar a destino logró escapar, alertó a sus jefes del plan y dio una conferencia de prensa en la que hizo público el operativo y denunció internacionalmente la existencia de centros clandestinos de detención en Argentina. Archivos desclasificados en 2008 y publicados por el National Security Archive de Estados Unidos, contienen documentos que ilustran sobre el frustrado plan para asesinar a Mario Eduardo Firmenich y, entre ese material se encuentra la transcripción del testimonio que dio Valenzuela el 18 de enero de 1978 en la casa de Alabama 17, Colonia Nápoles, México DF. Se puede consultar en este enlace


Tiempo después, Valenzuela caería en un operativo de las fuerzas armadas cuando intentaba regresar al país desde Brasil. Para reconstruir lo que pasó con Raquel y sus mellizos mucho tuvo que ver una denuncia que el 18 de mayo de 2005 presentó en el Juzgado Federal de Paraná el coordinador del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, Guillermo Mencho Germano. Ése fue el inicio de la causa que permitió que en 2008 se encontrara a Sabrina, gracias a la acumulación de una encadenación de pruebas: los testimonios confirmaron que Raquel fue trasladada a la capital entrerriana para dar a luz, que los bebés nacieron en el Hospital Militar y que fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría; el libro de ingresos y egresos del IPP permitió saber que fueron dados de alta el 27 de marzo; el represor Eduardo Tucu Costanzo declaró como testigo y afirmó que la beba mujer fue abandonada en un convento en Rosario, y los registros del Hogar del Huérfano de esa ciudad arrojaron que el mismo día 27 fue dejada en la puerta una niña a la que luego un juez entregó en adopción a la familia Gullino-Scola. Sabrina, a quien nunca ocultaron su condición de adoptada, conoció entonces a sus medios hermanos y a sus tíos –sus abuelos ya habían fallecido– y desde entonces busca a su mellizo. El mismo Costanzo contó que Negro regresó a La Intermedia –una casa en la autopista Rosario-Santa Fe– ya muerta, en el baúl de un Peugeot 504, y fue subida a un avión junto a los cuerpos de los demás secuestrados que habían sido asesinados en ese centro clandestino de detención.

La misma denuncia de Germano derivó también en la realización del primer juicio, en que fueron condenados por el robo de los mellizos y la supresión de sus identidades, los militares del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario Pascual Guerrieri, Rubén Fariña, Daniel Amelong y Walter Pagano y el médico militar de Paraná Juan Antonio Zaccaría. De aquel debate surgió la convicción de que, contrariamente a lo que se creía por entonces, el varón salió vivo del IPP y que los médicos de esa institución no decían todo lo que sabían.

El capítulo “Buscando al Melli” del ciclo de microprogramas Herencias de lucha, realizado por un concurso del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA), resume esta historia.



Acción y omisión


En el juicio que empieza el lunes, las querellas apuestan a demostrar que Torrealday, Vainstub y Rossi pusieron el IPP al servicio del plan sistemático de robo de bebés. Por más inverosímil que parezca, los doctores han mantenido en todo momento el argumento defensivo de que se trataba de una “institución abierta”, es decir, donde cualquier profesional de Entre Ríos podía internar a sus pacientes, atenderlos y darles el alta sin que ellos estuvieran al tanto. Llegaron incluso a admitir que existía un total descontrol administrativo, por el cual no habrían estado al tanto de la estadía de dos bebés sin padre ni madre ni familiares, al que nadie iba a visitar y a los que registraron como “Soledad López”, ingresada el 4 de marzo de 1978, y “NN López”, ingresado el 10 de marzo; ambos provenientes del Hospital Militar. Dicen no recordar nada de esto. Sin embargo, las enfermeras sí recuerdan a los pequeños, han declarado que estaban en incubadoras con carteles donde decía “NN” en lugar de los nombres, que los cuidaban con especial atención porque estaban solos y que la esposa de uno de los directores iba a verlos porque se había corrido el rumor de que eran hijos de una guerrillera. Lo que nadie contó hasta ahora es quién se los llevó y, lo que es fundamental hoy, a quién le entregaron el mellizo varón.

El trío Torrealday-Vainstub-Rossi sostiene también que ellos no atendieron a los niños, que para saber quién lo hizo habría que revisar el archivo de historias clínicas. ¿Dónde está ese archivo? Se perdió cuando se inundó un sector del Sanatorio del Niño donde estaban guardadas, dijeron. El Sanatorio del Niño se construyó años después de la creación del IPP y desde entonces ambos establecimientos están vinculados.

Pese a esas explicaciones, fueron procesados y ahora llegan a juicio porque se presume que, lógicamente, sí saben lo que ocurrió en sus narices un año después de abrir la clínica, en momentos en que no había un gran ir y venir de pacientes ni familias y cuando ellos se turnaban en la guardias cada 24 horas, atendían y se ocupaban de dar las altas. Se intentará probar también la conexión entre esta institución y el Hospital Militar, ya que debió existir una coordinación para la derivación. Un dato entre otros prueba ese vínculo: Sabrina fue anotada en el libro como Soledad López. Soledad es el nombre que le pusieron las enfermeras del hospital cuando la llevaron con su hermanito a la Terapia Intensiva después del parto, según ellas mismas declararon.

A todo esto se suma la omisión de notificar a las autoridades judiciales competentes la situación irregular de recibir niños separados de sus progenitores, permitiendo así que los delitos se consumaran. Los dejaron abandonados a su suerte y así los privaron de crecer con su familia biológica.

Como una de las numerosas actividades que los organismos de derechos humanos llevan adelante para lograr romper el pacto de silencio y conseguir datos que permitan encontrar al hijo varón de Valenzuela y Negro, en noviembre del año pasado la red nacional de H.I.J.O.S. llegó hasta la puerta de la casa de Torrealday, en el exclusivo Parque Urquiza de Paraná, para escracharlo y denunciarlo ante los vecinos. Estuvo presente Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y también Sabrina. En el documento que se leyó a través de un megáfono en la puerta de la vivienda, le remarcaron: “Que te quede bien claro que tu complicidad con los genocidas no sirvió para borrar la memoria y cambiar el curso de la historia. Hoy Sabrina está acá, en la puerta de tu casa, exigiéndote una vez más que te animes a romper el silencio”.



En estos momentos está en curso una campaña en las redes sociales, en los medios y en la vía pública para instalar las consignas #RompanElSilencio y #DóndeEstáElMelli. La pregunta por el destino de quien hoy es un hombre de 40 años circula en cientos de fotos como se puede ver en el Facebook de H.I.J.O.S. Paraná

Con el mismo objetivo se realizó el último viernes una intervención artística en la peatonal San Martin de Paraná, con la participación de cientos de ciudadanos y ciudadanas que respondieron a la convocatoria



Datos del juicio

* Se inicia el 6 de agosto a las 9.30 en la sede del Tribunal Oral Federal de Paraná (Urquiza 872).

* En la primera jornada estará presente Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

* Está previsto que declaren 87 testigos.

* El tribunal es unipersonal, a cargo de Roberto López Arango.

* Intervienen cinco querellas: Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Paraná, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Álvarez y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

* Actúa el fiscal general José Ignacio Candioti.

* El defensor de Torrealday es Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico del intendente Sergio Varisco, actualmente procesado por sus vínculos con el narcotráfico.

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