Las organizaciones que integran en “Foro contra la violencia patriarcal y heteronormativa” realizaron este miércoles al mediodía una intervención frente a los Tribunales de Paraná. Al grito de “¡Alerta!”, un grupo de mujeres con rostros y brazos maquillados como si estuvieran cubiertos de magulladuras, se sentaron en las escalinatas del Palacio de Justicia y entonaron diferentes cantos. “Se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista”, era uno de esos cánticos. Y otro: “Yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”. En los escalones había tres carteles colocados uno al lado del otro, con las siguientes leyendas: “Al femicida”, “Lo cuida”, “La policía”. Otros letreros rezaban “Justicia patriarcal” y “Estado laico ya”. Y en otro más, que tenía la fotografía del acusado, se leía “Miguel Ariste femicida”.

Luego una de las manifestantes tomó el altavoz. “Nos obturan la palabra, no nos dejan expresarnos. El Estado y la justicia patriarcal, machista, clasista, burguesa y misógina nos están matando de nuevo, al no permitirnos la palabra”, expresó la militante feminista Karime Kandalaft. “Exigimos ser escuchadas. Ni una muerta más a manos del patriarcado. Ni una muerta más a manos del machismo. La justicia también es responsable, porque actúa en connivencia con las fuerzas represivas y todo el aparato del Estado”, agregó.

De este modo protestaron las organizaciones feministas contra el accionar de la justicia provincial en el caso contra Miguel Ángel Ariste, el hombre que a fines de abril de 2015 golpeó salvajemente a Claudia Soledad Sosa en Paraná.

El miércoles pasado, en un juicio abreviado,  Ariste –también conocido como Piris– reconoció ser culpable del delito de “Sustracción, Retención y ocultamiento de personas doblemente agravado, y reducción a la servidumbre y/o condición análoga, en concurso real, suscitados en el marco de una situación de violencia de género” y acordó una pena de 16 años de prisión efectiva.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones, encabezado por el juez Alejandro Grippo, aceptó ese acuerdo –alcanzado por la defensa de Ariste, a cargo de Víctor Rodríguez Montiel y Julio Pedemonte, y la fiscal de la Unidad de Género, María Eugenia Shmith– y dictó la pena de 16 años de prisión efectiva.

Esta sentencia debía leerse en audiencia este miércoles 13 de abril al mediodía. Sin embargo, fue suspendida y la resolución judicial se le leyó en forma privada a Ariste. La semana próxima será notificada la parte acusadora, es decir, Claudia Sosa.

De la suspensión de la audiencia se enteraron las manifestantes que estaban en la explanada de Tribunales, gracias a un agente de la Policía provincial que “de onda” salió a comunicarles la novedad, según él mismo dijo.

Dos puntos cuestionaron las feministas respecto al desarrollo de esta causa. Una es que no se escuchó a las otras sobrevivientes de Ariste, que estiman son 17 mujeres. De hecho, varias de ellas fueron citadas por la justicia, pero luego se les informó que sus testimonios ya no hacían falta porque el imputado había accedido al juicio abreviado.

En segundo lugar criticaron el hecho de que a esas mujeres no se les informó la posibilidad que tenían de constituirse como querellantes. “Al no permitirles participar de estos procesos de juicio, se obtura completamente a las sobrevivientes”, expresó al respecto Kandalaft. Y agregó: “Están demasiado acostumbrados a juzgar femicidio, que cuando las mujeres sobrevivientes nos paramos de frente a la justicia exigiendo que se nos escuche, no saben qué hacer. Los invito a que sean creativos y que pensemos entre todas una forma de resolverlo”.

Por su parte, la abogada feminista Fernanda Vásquez Pinasco remarcó: “Lo que le hubiera dado otro contenido al juicio, es la escucha de las mujeres dentro del recinto, por medio de la querella. Si se hubieran constituido como querellantes, las mujeres podrían haber aportado más pruebas, tal como lo permite el Código Procesal Penal de la provincia. Esas pruebas deberían haber sido introducidas en el debate”.

Además calificó el accionar de la fiscal Shmith. “La fiscal actúa en la Unidad Fiscal de Género, debería estar atravesada, tener los lentes de género. Pero se limitó a la recolección de pruebas. Ella puede decir ‘hice mi trabajo correctamente’, pero fue limitado a la estructura judicial, que es patriarcal y machista. En la legalidad, está perfecto. Pero debería haber hecho una minuciosa investigación sobre cómo se desarrolló esa calificación y si fue puesta en el marco de la violencia de género. Creo que tendría que haberle puesto más fuerza a la cuestión de que la violencia no se dio en cualquier contexto sino en una relación de pareja y de violencia contra las mujeres, que es una violación de nuestros derechos humanos como humanas”.

Ambas feministas coincidieron en no cuestionar la condena al agresor. “La pena de 16 años es proporcional”, señaló la abogada. Por su parte, Kandalaft sostuvo: “El reclamo no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de años de condena o con la condena en sí misma. Seguramente los 16 años, en términos burocráticos, están bien puestos. El cuestionamiento que le hacemos a la justicia tiene que ver con la violencia que ejerce contra las mujeres”. Y agregó: “Exigimos reparación urgente y que se nos conceda la palabra”.

Fotos: Telaraña

Fuente: APFDigital