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Niña sí, madre no
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lunes 28 de marzo de 2016
Cada año se producen en el mundo 2 millones de partos de niñas. Según un informe, Argentina y los países de la región no cuentan con políticas públicas adecuadas. La Educación Sexual y el acceso al aborto legal, son los grandes pendientes.
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Betiana Spadillero Gaioli


El embarazo y la maternidad infantil forzados son una forma de tortura. Obligar a una niña (que no terminó de crecer y que debería estar yendo a la escuela) a llevar a término una gestación, a vivenciar un parto y hacerse responsable de otra persona, son hechos crueles y degradantes. Se trata de una violación a los derechos humanos de las mujeres, como otras tantas que se denuncian a diario, pero en este caso aún más invisibilizada.

Según un estudio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), realizado en 14 países de la región, la mayoría de los Estados no cuenta con políticas públicas para prevenir los embarazos infantiles. Tampoco hay datos oficiales en gran parte de esas naciones, incluida Argentina. Ni hablar de la posibilidad de que los casos lleguen a la Justicia, en cuanto constituyen una forma de violencia sexual –muchas veces concretada en el ámbito intrafamiliar. La práctica de un aborto terapéutico es materia aparte: entre lo ilegal y las trabas para jamás realizarlo.

No es lo mismo

El informe “Niñas madres. Balance Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe”, señala que esta problemática no está en la agendas de los gobiernos como amerita. De hecho, su situación queda englobada en los diagnósticos sobre embarazo adolescente, etapa que para la mayoría de los organismos va desde los 10 a los 19 años: “No es lo mismo vivir un embarazo a los 17 ó 18 años que a los 9 ó 10. Tampoco se puede comparar la maternidad a los 18 años con una maternidad a los 11”, remarca el estudio publicado en febrero pasado.

De la misma manera, los contextos varían: “A diferencia de lo que ocurre en la franja de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia importante de embarazos debido a una iniciación sexual temprana; la mayoría de los casos de embarazos infantiles aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia, conocidos, vecinos o extraños”. También puede provenir de una relación sexual en la que la niña no conocía las consecuencias o no pudo prevenirlas, ya que no accedió a Educación Sexual o a los métodos anticonceptivos adecuados. En ambos casos hay responsabilidad de los Estados.

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Un embarazo infantil forzado es cuando una niña (menor de 14 años) queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción de la gestación.


Videoinforme de la Fundación Cepam Guayaquil (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer)


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Hecha la ley

Las normas y tratados internacionales que velan por los derechos de las niñas obligan a los Estados a tomar cartas en el asunto. Entre ellos, figuran la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976); la Convención de los Derechos del Niño y la Niña (1989); y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW en su sigla en inglés (1979). Además, el embarazo forzado fue declarado crimen de guerra y de lesa humanidad por el Estatuto de Roma (1998), cuando se comete en el marco de un conflicto armado.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres – Belém do Pará (1994) incluye, entre otros mandatos a los gobiernos, garantizar la educación en Derechos Sexuales y Reproductivos. Una materia que preocupa especialmente a las organizaciones de mujeres frente al actual contexto político nacional, con un claro avance de una concepción conservadora de los DDSS y RR. Si bien Argentina cuenta con un programa integral y obligatorio, “en la década que lleva de aplicación se han encontrado numerosas dificultades para la implementación en todas las provincias”, advierte el estudio.

El panorama no mejora en el resto de los países. En Brasil la Educación Sexual forma parte del Currículo Nacional desde 1996 como un tema transversal, pero no obligatorio. Colombia cuenta con el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, “sin embargo los reportes indican que no se implementa en todas las escuelas y en las que se lo hace se observan fallas en su aplicación”. En El Salvador, Honduras y Panamá no existen programas de este tipo. Otro punto en común es que las principales dificultades provienen de sectores fundamentalistas religiosos y de organizaciones anti-derechos de las mujeres y las niñas.

El eterno pendiente

Respecto a las posibilidades de interrumpir legalmente un embarazo, el informe subraya que “son nulas en varios países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana”. En los demás, a pesar de que la violación o los riesgos para la salud habilitan la interrupción del embarazo (como ocurre en Argentina con el aborto no punible), se niega este derecho en muchas ocasiones o no hay protocolos para su implementación. En tanto, “el acceso a anticonceptivos o a contracepción de emergencia puede ser difícil o imposible para una niña”.

Días atrás, Naciones Unidas emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que las leyes que criminalizan el aborto son discriminatorias, y dictaminó sobre las obligaciones de los Estados en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Entre otros puntos, indicó que: las barreras para acceder a un aborto son violaciones al derecho a la salud; y el derecho a la salud implica la derogación de leyes restrictivas y acceso a servicios de aborto seguro. A su vez, los gobiernos deben derogar normas que impongan requisitos como la autorización judicial o de terceras personas.

En ese marco, el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirma que “el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva sigue siendo una meta distante para millones de personas, especialmente para las mujeres y niñas en todo el mundo”.

Ni una menos

Sólo cuatro de los países contemplados en el informe de CLADEM cuentan con cifras sobre mortalidad materna en ese grupo etario. Datos del Ministerio de Salud de la Nación indicaron que en Argentina hubo 3 muertes en 2010, 1 en 2011, y 1 en 2012. Brasil registró 26 muertes en 2010, 16 en 2011, 23 en 2012, y 14 en 2013. En México hubo 4 muertes en 2010, 8 en 2011, 2 en 2012, y 6 en 2014. El Salvador contabilizó una muerte en 2014.

Sin dudas, la carencia de estadísticas -ya sea sobre la cantidad y causas de los embarazos, abortos practicados o denuncias de violencia sexual- requiere de una atención urgente de los organismos del Estado dedicados a la protección de la niñez. “Es imposible diseñar políticas adecuadas para resolver un problema cuya dimensión y características se desconocen”, enfatiza el estudio. Y concluye: “Los embarazos infantiles tienen graves consecuencias para las niñas. Existen altos riesgos para su salud física y mental, así como efectos negativos en sus relaciones familiares y sociales. A la vez, sus oportunidades laborales pueden restringirse seriamente”.

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Embarazo forzado, violación, feminicidio y trata de personas, son algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Cada año se producen en el mundo 2 millones de partos de niñas y de mantenerse esa tendencia, la cifra llegará a 3 millones en 2030.

Foto: Stephanie Sinclair 

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Cada año se producen en el mundo 2 millones de partos de niñas. Según un informe, Argentina y los países de la región no cuentan con políticas públicas adecuadas. La Educación Sexual y el acceso al aborto legal, son los grandes pendientes.

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