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Un límite al derecho a la protesta
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jueves 18 de febrero de 2016
El Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionó el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, que privilegia el “orden público” y habilita el uso de armas para dispersar las protestas.
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“El Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas del Ministerio de Seguridad de la Nación limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta”, sostuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al dar a conocer su pronunciamiento sobre el anuncio de la cartera que conduce Patricia Bullrich realizado este miércoles 17 de febrero en la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior.

Para el CELS, el Protocolo coloca al "orden público" por encima de todo. Según la resolución, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad.

El texto, que se puede consultar aquí, establece cómo deben actuar las policías para dispersar cortes de rutas y calles, al tiempo que faculta a las propias fuerzas federales y provinciales a decidir sobre el personal, el uso de la fuerza y de armas “no letales”.

“El Protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles”, denunció la entidad.

Además, destacó que la disposición limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta.

“Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”, concluyó.

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