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miércoles 13 de enero de 2016
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió sobre la desaceleración de los juicios de lesa. En un informe del estado de las causas, advirtió sobre los problemas para investigar el rol de empresarios y exjueces, los que se dan también en Entre Ríos. Los delitos sexuales, otra deuda en la provincia.
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Alfredo Hoffman
El informe “El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Balance y desafíos”, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal, expone el panorama de los juicios contra los represores de la dictadura a diciembre de 2015. Allí se advierte sobre una serie de problemas que se presentan: la gran cantidad de causas que permanecen abiertas, una merma en el avance de los procesos y el desafío que implica la necesidad de juzgar a los responsables civiles, sobre todo empresarios y miembros del Poder Judicial.

Durante el año pasado, hasta la difusión del informe el 23 de diciembre, hubo 114 nuevos sentenciados en todo el país, con lo cual los condenados sumaban en ese momento 660 y los absueltos, 60. En el trabajo se destaca como algo positivo la judicialización de los delitos sexuales cometidos contra las víctimas del terrorismo de Estado. Sin embargo, en Entre Ríos esto aún no ha sido posible.

“Resulta imprescindible destacar que en el transcurso de 2015 se dieron importantes avances en materia de judicialización de los crímenes de violencia sexual entendidos como delitos de lesa humanidad. En efecto, se obtuvieron cinco sentencias condenatorias y se condenó a 18 imputados por los delitos de violación y abuso sexual perpetrados contra 28 víctimas”, dice el balance estadístico. “Asimismo, existen numerosas investigaciones en curso por crímenes perpetrados contra más de 500 víctimas, entre los que se incluyen abortos forzados, violaciones y abusos sexuales agravados”. A lo largo de los años, se dictaron condenas por crímenes de violencia sexual en todo el país en un total de 15 sentencias, dos de las cuales fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal. De igual modo, 65 personas (64 varones y 1 mujer) fueron condenadas por delitos de abuso o violación sexual por los casos de 57 víctimas (52 mujeres y 5 varones). 

En la causa Área Paraná, que tuvo sentencia el 23 de diciembre, los abogados querellantes solicitaron en su alegato al juez Leandro Ríos que realizara una “caracterización de los delitos contra la libertad sexual padecidos por las mujeres”, y los destacara especialmente, para que esos hechos sean visibilizados como parte del plus de violencia que ellas debieron soportar solamente por su condición de pertenecer al género femenino. En la causa, cuatro víctimas relataron que sufrieron violaciones o abusos estando detenidas en los centros clandestinos que funcionaron en la capital entrerriana o como parte de las sesiones de tortura, mientras que otras siete dieron cuenta de haber sufrido comentarios y situaciones humillantes por parte de los represores. Además, tres secuestradas que se encontraban embarazadas debieron soportar trato degradante y fueron privadas de las atenciones necesarias por su estado.

Sin embargo, el juez no tuvo en cuenta esta petición, como tampoco la solicitud de los querellantes de dictaminar que los hechos constituyeron delito de genocidio o bien fueron cometidos en el marco del genocidio que se ejecutó en el país durante la segunda mitad de la década del setenta.

El fallo de Ríos fue muy cuestionado también por las penas bajas aplicadas a la mayoría de los genocidas y por disponer la libertad de tres de ellos a pesar de haber sido condenados.

La agenda pendiente

Al mencionar los desafíos pendientes, la Procuración subraya en primer lugar “lo que aún queda por juzgar”. En ese sentido destaca que del universo de causas en trámite, son 353 las que aún no han tenido sentencia ni están en juicio, de las cuales el 67% (237) está en instrucción. “La tendencia a la acumulación de causas podría, en el futuro, reducir esa cifra; no obstante, en la actualidad existen 116 causas elevadas a juicio cuyo inicio aún no está previsto”. 

Otro dato significativo: son más los procesados que los sentenciados. Hay 851 procesados, de los cuáles sólo el 22% está actualmente en juicio y cerca del 50% se encuentra en etapa de instrucción.

El segundo problema señalado es la “baja en el ritmo de celebración de los juicios”. Esto se evidencia, por una lado, en que la cantidad de sentencias por año comenzó a desacelerarse desde 2014 y la tendencia continuó en 2015, año que tuvo el mismo total que en 2010, cuando los juicios comenzaban a reactivarse. Un elemento que suele considerarse como variable explicativa es que muchas de las causas actualmente en trámite constituyen “megacausas”, que demandan mayor tiempo por la complejidad de la investigación y el alto número de víctimas e imputados. Sin embargo, de las siete megacausas actualmente en juicio sólo tres de ellas han sufrido importantes demoras. Y, en general, durante 2015 “los tribunales tuvieron una postura más laxa respecto a la cantidad de audiencias por semana y a su duración”, lo que no contribuye a reactivar el proceso. 


Por otra parte, continúa siendo “muy lenta” la confirmación de las condenas y absoluciones: a diciembre de 2015, sólo el 24% de las condenas y el 15% de las absoluciones se encontraban firmes por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o por no haber sido recurridas.  

Como consecuencia de esta tardanza, a medida que transcurre el tiempo, aumenta considerablemente el número de fallecidos, por tratarse de un proceso de justicia a 40 años en el que la mayoría de los actores centrales (testigos, víctimas e imputados) tienen edad avanzada. De acuerdo a los registros de la PCCH, 13% de los imputados han fallecido, 60 luego de ser sentenciados y 239 sin sentencia. 

Se debe agregar que la lentitud del proceso de justicia es notable en Entre Ríos, donde hasta ahora hubo sólo tres sentencias y la más reciente –Área Paraná– demandó más de diez años de trámite.

Los civiles

El informe señala que uno de los desafíos que persisten es la posibilidad de imputar penalmente a civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad. Dentro de la categoría “civil” –amplia y compleja– se centra en dos tipos que son los que presentan mayores complejidades para su juzgamiento: los funcionarios judiciales y los empresarios.

Al respecto destaca: “La baja cantidad de imputados sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad en casos donde existen grandes cúmulos de prueba son elementos que dificultan el avance del juzgamiento de estos imputados, lo cual implica que se diseñen nuevas estrategias para ello”.

Respecto de los funcionarios judiciales, son 54 los que están siendo actualmente investigados, de los cuales más de la mitad fueron jueces durante la última dictadura. De esos 54, sólo el 2% ha sido condenado hasta el momento: el entonces secretario Víctor Brusa y el ex juez Manlio Martínez. Más de la mitad de los imputados están procesados (54%), mientras que un número significativo (34%) se encuentra bajo las primeras medidas de investigación, sin situación procesal resuelta.

Cabe acotar que en Entre Ríos no se han realizado investigaciones sobre el rol de los miembros de los poderes judiciales federal y provincial durante la dictadura. Algunos jueces han sido reiteradamente señalados en declaraciones de testigos y figuran en las pruebas documentales de las causas interviniendo en procesos abiertos contra las víctimas, como los jueces federales Jorge Enriquez y Raúl Martín. 

En cuanto a los empresarios,  el avance de las causas penales ha sido “dificultoso”. Actualmente existen 17 imputados en todo el país, de los cuales sólo dos se encuentran condenados (los hermanos Emilio y Julio Méndez, condenados en la causa “Moreno”, en la que se investigó el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno). Asimismo, Marcos Levín, propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte, se encuentra en juicio. Los procesados suman 9 y en 5 casos se resolvió la falta de mérito o el sobreseimiento.

En Entre Ríos, la lupa sobre los civiles está más que nada puesta sobre los empresarios médicos, propietarios del Instituto Privado de Pediatría, por su presunta intervención en los delitos de robo de bebés y sustitución de identidad. Se encuentra con procesamiento firme Miguel Torrealday, mientras que David Vainstub y Jorge Rossi tienen falta de mérito dictada por el juez Ríos, con apelación pendiente de resolución en la Cámara Federal.


Fotos: Silvana Drago Alem
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