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miércoles 11 de noviembre de 2015
La Policía de Entre Ríos realiza detenciones ilegales a menores de edad frecuentemente en Paraná. Los jóvenes de escasos recursos son los principales damnificados en estos abusos. ¿Cuál es el rol de la sociedad en la estigmatización del adolescente carenciado? ¿Qué opinan los diferentes actores sociales empapados en la temática? El testimonio de víctimas de maltratos policiales.
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Augusto Olivieri
Daniel regresa a su casa después de un recital de bandas locales. La madrugada de Paraná está fría y solitaria: se coloca la capucha del buzo. Lo detienen dos policías “por tener la cara tapada y demorarse en cruzar la esquina”, según le explican los agentes. El joven de 14 años y baja estatura es revisado por los uniformados, que le quitan el dinero que llevaba consigo y lo golpean luego de que Daniel les dice que recuerda el número del patrullero que manejaban. Ante una segunda respuesta verbal del adolescente, quien les recuerda que conoce sus derechos como ciudadano ante una detención policial, uno de los policías lo golpea en el estómago y lo deja sin aire, caído en el suelo: “Si sos inteligente, te vas a quedar tirado en el piso atorado”. Cuando Daniel logra levantarse, lo amenazan con futuras reprimendas si llega a denunciar lo sucedido ante la justicia: “Si decís algo de la patrulla, te encontramos y te damos más fuerte”.

Estos casos suceden a diario en Paraná, y los jóvenes de escasos recursos son los más afectados. El color de la piel, la vestimenta o el barrio donde residen son factores que intervienen a la hora de realizar una detención arbitraria, es decir, interrumpir el libre tránsito de un ciudadano que garantiza la Constitución Nacional en el artículo 14, sin que éste se encuentre cometiendo un delito. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (ONG CORREPI), para febrero del corriente son 2.778 las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad argentinas desde el 25 de mayo de 2003, y 4.321 desde diciembre de 1983; más de la mitad de ellos eran menores de 25 años. Además, se contabilizaron cerca de 200 personas desaparecidas durante este período democrático.

Los medios de comunicación suelen resaltar constantemente el estereotipo de joven carenciado y delincuente. Es así como un adolescente que vive en una villa y que nunca se saca su gorra es siempre una potencial amenaza para el común de la sociedad. Para Juan Casís, coordinador del espacio de Comunicación Popular de la Asociación Civil Barriletes, los jóvenes “nunca son víctimas de un sistema o sujetos pasivos de abuso: para la sociedad, gracias a la construcción mediática, siempre son los victimarios, los delincuentes”. 

Casís también afirma  que “esta sociedad tiene muy pocas alternativas viables para los jóvenes que les permitan un desarrollo saludable”, y que a su vez los peores trabajos siempre son realizados por los jóvenes más humildes. “Todos dicen: ‘En vez de darle un plan, ¿Por qué no se ponen a trabajar?’, pero ninguno quisiera tener de compañero de trabajo a un muchacho de gorra; entonces hay una gran contradicción y una gran hipocresía en la sociedad”, señala.

La Asociación Civil Barriletes se encarga de ayudar a chicos o familias en situaciones precarias, mediante talleres de expresión artística, radio, y la edición y venta de la revista Barriletes. A pesar de su impronta, los integrantes de Barriletes han sido discriminados en reiteradas oportunidades: desde la pequeña cabina de radio que posee la sede de Barriletes en calle Courreges 189, Casís cuenta que cuando la batucada compuesta por jóvenes de la asociación estaba esperando su turno para tocar en la edición 2009 del festival Música por la Identidad, fueron detenidos por la policía al acudir a un kiosco cercano: “Los pusieron contra la pared delante de todos, les patearon los tobillos, y eso que estaban pintados y disfrazados como murgueros”.


El mero hecho de provenir de un barrio humilde es suficiente para ser increpado por la policía en las calles paranaenses. Juan Casís afirma que en ciertos puntos de la ciudad los adolescentes que quieren ingresar al centro son detenidos por agentes policiales, y estos últimos deciden si pueden pasar o no. Asimismo, Flavio, un joven de 19 años que habita en la zona céntrica de Paraná hace poco tiempo pero que proviene del humilde barrio de Lomas del Mirador, cuenta que fue detenido reiteradamente por la Policía de Entre Ríos por usar gorra, hasta el punto que dejó de usarla para evitar dichos atropellos; incluso se acostumbró a vaciar sus bolsillos cuando caminaba de noche por el centro ante la sola aparición de un patrullero con las luces azules encendidas. 

—Un día caminando por calle Courreges cerca de las 11 de la mañana, me detienen dos oficiales, me piden que me saque la gorra y me preguntan dónde vivo; cuando les digo que vivo en el centro, al toque me preguntan en que barrio nací —narra Flavio—. “¿Así que vivías en el Lomas? ¿Vos sos amigo de los Pereyra?”, me dicen los canas  (N. de R: “Pancho” Pereyra y sus hijos forman parte de un grupo delictivo denominado popularmente por los vecinos del barrio Lomas del Mirador como “los Panchos”). Les digo que no y me mandan para mi casa. Sigo caminando, doblo por Santa Fe y llegando a Cervantes me para una camioneta de la policía y me dice el cana: “¿A vos no te dijeron que vuelvas a tu casa?”. 

Los derechos del adolescente

José es un muchacho de 19 años, de semblante alegre, estatura media tirando a baja, que proviene de un barrio humilde lejos de la Catedral y el lujoso Parque Urquiza. El año pasado fue golpeado salvajemente por un grupo de agentes de policía, sin ninguna justificación. “Salía de bailar, quise arrancar mi moto y ahí nomás cae la policía, y sin decirme nada me suben a la camioneta y me empiezan a pegar. Me llevan a la Comisaría Octava y me preguntan de dónde saqué la moto”, asegura el joven. 
—Me preguntan de quién era la moto, les dije que era mía; me preguntan de dónde la saqué y les digo que me la regaló mi hermano. “¿Cómo te va a regalar tu hermano una moto así?”, me dice uno. Les digo que mi hermano trabaja en Buenos Aires, en la Federal —continúa narrando—. “¿Vos me estás amenazando?”, me dice el policía, y me empiezan a pegar más fuerte. Después de eso, ya no me acuerdo de nada. 

José amanece tirado enfrente a la plaza Le Petit Pissant de la costanera, con la cabeza ensangrentada, la clavícula quebrada y su reluciente moto caída a su lado. Intenta hacer una denuncia ante la Justicia, pero le responden que “no pueden hacer nada” debido a que él no reconoce las caras ni sabe los nombres de sus agresores, a pesar de que insiste diciendo que fue llevado a la Comisaría Octava.     
 
El abogado Milton Urrutia afirma que los agentes de la Policía de Entre Ríos no egresan de la Escuela de Oficiales formados en Derechos Humanos, y que debería cambiarse el cuerpo docente y los programas académicos de la misma.

—Yo tengo trato a diario con policías, y sé que son policías totalmente represivos: se creen que porque tienen un arma y un uniforme son dueños y señores de la voluntad del otro; y son muy discriminadores, es lamentable que discriminen por el color de piel o por la forma de estar vestido —sostiene. 
Otro factor clave para él es el hecho de que no exista recambio en la máxima autoridad de la Policía de Entre Ríos, puesto que Roberto Massuh, actual jefe de dicho organismo, se encuentra ejerciendo su cargo desde fines del 2005: “Si la policía es autoritaria, es porque el jefe es autoritario. Si fuera un jefe que respeta los Derechos Humanos, los demás policías actuarían de la misma manera”, remarca Urrutia. Además, reclama la existencia de un examen psicofísico trimestral para los agentes de policía, puesto que suelen ser siempre los mismos oficiales los que ejercen los abusos. “Nosotros tenemos una policía de neto corte represivo, es una policía prácticamente militarizada. Tiene la misma estructura de la época de la dictadura militar, de la década del ’70”, insiste el abogado.

Las detenciones ilegales a menores son moneda corriente en las calles de Paraná. La Policía de Entre Ríos abusa constantemente de los jóvenes que aparentan ser de barrios humildes, y procede de un modo similar a los utilizados durante la última dictadura cívico-militar al llevar detenidos a menores esposándolos o alojándolos en comisarías, en lugar de llevarlos a la División de Minoridad y Violencia Familiar, como lo dicta la ley vigente. A su vez, no hay estadísticas oficiales sobre apremios ilegales en la ciudad. Los medios de comunicación suelen minimizar la complejidad de la temática al mencionar solamente el accionar delictivo de los “pibes chorros”, y si estos consumen drogas o alcohol a la hora de delinquir; obviando mencionar las condiciones de vida de dichos jóvenes y el entorno que los rodea.   
La gorra es un código de vestimenta utilizado por buena parte de la juventud que proviene de realidades crudas, es un símbolo de pertenencia a un grupo como la cresta del punk o la chomba de un rugbier. Lamentablemente el accionar del Estado, al igual que las iniciativas de diferentes ONG, en materia de prevención y denuncias no son suficientes para revertir la situación: la sociedad paranaense pareciera adjudicarles la autoría de buena parte de los delitos a los jóvenes.


La nota completa se puede leer en la edición de noviembre de revista Barriletes. Este informe fue realizado para el Taller de Producción Periodística de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNER.  

Ilustración: detalle de la portada de revista Barriletes
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La Policía de Entre Ríos realiza detenciones ilegales a menores de edad frecuentemente en Paraná. Los jóvenes de escasos recursos son los principales damnificados en estos abusos. ¿Cuál es el rol de la sociedad en la estigmatización del adolescente carenciado? ¿Qué opinan los diferentes actores sociales empapados en la temática? El testimonio de víctimas de maltratos policiales.

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