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viernes 18 de septiembre de 2015
Appiani, Demonte y el resto de los genocidas imputados en Paraná por delitos de lesa humanidad continúan cosechando desestimaciones de la Justicia Federal. Últimamente les rechazaron una serie de recursos y confirmaron que seguirán con prisión preventiva hasta que se dicte la postergada sentencia.
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Alfredo Hoffman

Los reos de la causa Área Paraná esperan en prisión los alegatos y la sentencia. Algunos en una prisión de verdad; otros en el encierro domiciliario. Son los acusados por delitos contra la condición humana cometidos en forma sistemática en la costa oeste entrerriana: secuestros, torturas, apremios, asesinatos, desapariciones. Son los principales responsables de que el proceso lleve ya más de diez años de trámite desde su reapertura, sin que todavía haya veredicto. Buscan que la prolongación indefinida de su juzgamiento les garantice más impunidad. Sus maniobras de todo tipo siguen recibiendo reveses judiciales. En el menú hay apelaciones varias y quejas por la continuidad de su prisión preventiva. Todas se han resuelto en su contra.

El 11 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó dos nuevos recursos –los enésimos– de los represores Jorge Humberto Appiani y Cosme Ignacio Marino Demonte, sin ahorrar críticas por las maniobras dilatorias que ambos vienen desplegando desde hace años en la causa que los tiene como imputados por estos graves crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar-clerical.

Patrocinado por el abogado Guillermo Retamar –oportunamente sancionado por malicia procesal–, Demonte planteó en esta oportunidad un recurso de reposición contra la resolución que le rechazó por inadmisibilidad formal un recurso extraordinario en la megacausa Área Paraná. Dicho de otro modo no menos complicado: pertendía que se revocara la decisión que le negó la posibilidad de que el expediente llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ésta se expidiera sobre sus impugnaciones a la legitimidad de avanzar hacia la prueba y los alegatos obviando el turno para la defensa.

Y además, también por enésima vez, recusaba a los miembros de la Cámara por supuesta “enemistad manifiesta”. El genocida se mostraba ofendido porque los jueces le han rechazado todos sus insistentes planteos dilatorios y eso, para él y su abogado, era señal de “animadversión” y de un “estado de apasionamiento adverso” hacia su persona. Quería apartar a los camaristas Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso, y que en su lugar se designaran conjueces.

La Cámara rechazó ambos planteos. La revocatoria, por “improcedente”. Al de recusación lo desestimó “in limine” por ser “a todas luces infundado y sin entidad suficiente”, por estar basado en “mera disconformidad” y para garantizar la ya perdida “celeridad procesal” de la causa y sus desprendimientos. “Es que la reiterada e inmotivada tacha que se cierne sobre los suscriptos atenta además contra los esfuerzos que la sociedad toda, y el Poder Judicial en especial, viene desarrollando para llevar adelante la intensa tarea de investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar”, dijeron los magistrados.

Por su parte el genocida Appiani, que es es el abogado defensor de sí mismo, pretendía que se dispusiera la “nulidad absoluta” de la decisión de la Cámara del 21 de agosto que le rechazó una –enésima– recusación y le declaró inadmisible formalmente un recurso extraordinario. Los jueces se lo denegaron “in limine” con el argumento, entre otros, de que “no surge del planteo formulado la palmaria existencia de vicios que dieran lugar –siquiera por hipótesis– a nulidades absolutas”.

Tras las rejas

Poco antes, el 25 de agosto, la misma Cámara Federal de Apelaciones rechazó otro recurso dilatorio, que en este caso fue presentado por Appiani, Demonte, Alberto Rivas, Carlos Horacio Zapata y José Anselmo Appelhans, es decir, cinco de los ocho imputados de la megacausa Área Paraná, contra la prórroga de sus prisiones preventivas por un año más. Los reos se quejaron porque se encuentran detenidos hace años –la mayoría hace seis– sin sentencia, como si ellos nada tuvieran que ver con la exasperante pérdida del tiempo por apelaciones, recusaciones, recursos extraordinaros, planteos de nulidad, etcétera, etcétera.

Appiani, en el escrito que presentó para fundamentar su pedido de excarcelación, volvió a victimizarse, a decir que no se respetan sus garantías como imputado. Appiani es el mismo que hacía firmar declaraciones bajo tortura a los militantes detenidos ilegalmente durante la dictadura, entre otros delitos aberrantes por los que es juzgado, él sí, bajo las normas del debido proceso y con extrema tolerancia por las elucubraciones que redacta en su celda del cárcel de Paraná. Además, como dijo en audiencia el fiscal Ricardo Álvarez, liberar a quienes se tiene por autores de crímenes del terrorismo de Estado en el estado actual del proceso –última etapa antes de la sentencia– implicaría “introducir variables de riesgo”. En otras palabras: liberar a los represores es un peligro para la investigación y para las víctimas, familiares y testigos. Así también lo entendió el juez Leandro Ríos en primera instancia y la Cámara al rechazar estos planteos.

Los represores seguirán presos porque los jueces siguieron los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la naturaleza, entidad y cantidad de los hechos que se les atribuyen, por la complejidad de la causa, el número de imputados y el extenso tiempo transcurrido.

Dice el fallo de la Cámara: “La naturaleza y gravedad de los hechos que se atribuyen, sumado a que los sucesos investigados fueron perpetuados al amparo de la impunidad que significaba la ocasional protección del Estado, son indicios suficientes que permiten presumir que en caso de recuperar la libertad, aquellos podrían entorpecer la acción de la justicia y poner en riesgo concreto el cumplimiento de la pena que eventualmente les correspondería”.

Y citando el voto de Raúl Eugenio Zaffaroni cuando la Corte trató el pedido de excarcelación del expolicía Carlos Horacio Zapatam, agrega: “Existen buenas razones para no menospreciar las estructuras de poder a las que podrían recurrir con mayor facilidad los imputados en caso de recuperar su libertad; estructuras que habrían actuado con total desprecio por la ley y sobrepasado los límites del territorio nacional, integrando una red continental de represión ilegal, cuyos residuos remanentes sería ingenuo ignorar”.


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