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El quincho del Club Torrealday
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viernes 12 de junio de 2015
En la audiencia del 10 de junio ante la Cámara Federal de Paraná se presentaron argumentos para la revocatoria de la falta de mérito de Miguel Torrealday, el médico sospechado de intervenir en la sustracción de los mellizos Valenzuela Negro. El fiscal y los querellantes pusieron en crisis la coartada del gerenciamiento de “puertas abiertas” del IPP, de donde fueron robados los bebés.
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Alfredo Hoffman
El fiscal Ricardo Carlos María Álvarez suele acudir a las metáforas y comparaciones en sus intervenciones ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Son argumentaciones adornadas con recursos lingüísticos variados y referencias jurídicas precisas que suenan intrincadas para los oídos legos. Pero estos mismos oídos atienden y entienden con comodidad cuando recurre a esa técnica de trazar similitudes entre la conducta de alguien en conflicto con la ley y escenas de la vida cotidiana.

Eso fue al menos lo que ocurrió para el público que en buen número acudió el miércoles 10 de junio a la audiencia de apelación por la falta de mérito del médico Miguel Alberto Torrealday, un nombre que últimamente se ha hecho más repetido en la opinión pública por su imputación en un crimen de lesa humanidad que por su rol en la sociedad como doctor de un buen porcentaje de los niños paranaenses durante las últimas cuatro décadas o más.

El pediatra pasó de testigo del robo y la sustitución de la identidad de los hijos mellizos de los militantes desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, perpetrado en marzo de 1978 en la capital de Entre Ríos, a sospechado de haber sido parte del plan para que ese delito que no prescribe se ejecutara. Luego de haber repetido durante años que no supo ni recuerda que los mellizos estuvieron internados en la clínica de la cual era y es socio –el Instituto Privado de Pediatría–; que desconoce quién los atendió y que es imposible saberlo porque el archivo de historias clínicas se inundó hace muchos años; que los responsables podrían ser Fulano, Mengano y Zutano, todos muertos; que está comprometido con la causa porque él también fue perseguido por la dictadura y odia a los militares; que ojalá pudiera aportar algún dato sobre quién se llevó al bebé varón que continúa desaparecido; después de hacerse el distraído cuando algunas enfermeras insistieron en que él estuvo a cargo de los niños; luego de todo esto, en octubre de 2014 la Fiscalía y la querella impulsaron su llamado a indagatoria e imputación. El juez federal Leandro Ríos, cinco meses después, lo citó a declarar; pero a los pocos días lo benefició con la falta de mérito: no hay, dijo Su Señoría, ni evidencias que lo incriminen ni pruebas que acrediten su inocencia. No se logró rebatir –agregó– la estrategia defensiva de que el IPP era una institución “de puertas abiertas” y los dueños no se enteraban de lo que cada médico que pasaba por ahí hacía con los pacientes que allí internaba. Ni siquiera si de allí se llevaran a Sabrina Gullino Valenzuela Negro, quien restituyó su identidad en 2008, y su hermano mellizo.


A la sala de audiencia llegaron, entonces, Ricardo Álvarez, cuatro abogados querellantes y el defensor, Walter Rolandelli, ante el llamado de la Cámara para que los dos primeros fundamentaran la apelación que presentaron ante la resolución del juez. El primer turno para argumentar le correspondió a Álvarez, quien inició su enunciación tendiente a lograr que Torrealday “tenga su merecido auto de procesamiento” y enseguida recurrió a una de sus comparaciones. “Pareciera ser que el IPP era una suerte de quincho de un club –dijo con un dedo sobre el mentón– donde los socios pueden desentenderse de lo que allí sucede”. Atacó así al núcleo de la defensa, según el cual la “apertura” de la clínica tuvo como consecuencia directa que los cuatro dueños, con Torrealday a la cabeza, desconocieron la internación de los mellizos y, por lo tanto, carecen de responsabilidad,

“Eso no es una institución abierta”, dijo el prestigioso docente de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral, abriendo los brazos casi como Perón. “¡Es un absurdo!”, exclamó. Y explicó que los directores de un sanatorio no pueden, obviamente, quedar al margen de lo que pasa puertas adentro, por más que se escoja una forma de “gerenciamiento” como aquella.

En sintonía con lo que luego reforzarían los abogados de las querellas, ubicó al médico en un rol de jefe de hecho del Instituto y de la sala de neonatología donde estuvieron internados los mellizos –la nena con nombre falso y el varón como NN. “Se puede presumir que, a diferencia de los otros socios, tenía una ascendencia que no se puede ignorar”, dijo citando testimonios de enfermeras. Y se permitió deducir que cuando el imputado habló en su indagatoria del miedo que sentía en aquella época, no se estaba refiriendo al “clima de miedo” en general, sino que estaba ofreciendo una explicación de por qué actuó como actuó: por qué permitió la atención de niños que habían sido separados de su madre en el Hospital Militar, donde habían nacido; no dio aviso a la Justicia de Menores y habilitó que fueran entregados ilegalmente a personas que no eran los progenitores. “Las explicaciones del imputado no pueden hacer claudicar al Juzgado”, dijo para reclamar la revocatoria de la falta de mérito y el dictado del procesamiento.

Las abogadas querellantes Lucía Tejera y Sofía Uranga avanzaron con los argumentos. Destacaron que es “absurdo” e “imposible” que los socios, que a su vez hacían guardias rotativas en neonatología, no hayan tomado conocimiento de la internación de los mellizos, sobre todo cuando el servicio tenía apenas seis meses de funcionamiento. Incluso aseguraron que el IPP fue un instrumento “necesario” para que los bebés fuera cuidados y salieran con vida de allí para ser desaparecidos. Remarcaron que el juez le dio más importancia a la palabra de los médicos y sus esposas que a los testimonios de las enfermeras.

El defensor Rolandelli insistió con lo de la “institución abierta”, como “es hoy cuando un médico interna un paciente en la clínica Modelo o en La Entrerriana”; dijo que esa explicación “no ha podido ser desvirtuada ni por el fiscal ni por los querellantes” y pidió que se mantenga la falta de mérito.

Álvarez esperó su turno, se quitó los anteojos, se acomodó el saco impecable y buscó otra metáfora: “La institución abierta no es terapia autoservice. Cada médico no puede hacer lo que se le ocurre”.  Y siguió: “No es un cortafuego contra la posibilidad de que se le atribuyan responsabilidades”. 

Las manos del fiscal imitaban el gesto de elegir productos de la góndola de un supermercado, como si un profesional de la salud se sirviera de lo que le ofrecía el IPP y pasara a pagar por caja, sin más relación que esa, la comercial. Lo mismo puede uno imaginarse en torno a la figura del quincho de lo que podría bautizarse Club Social Torrealday, donde él y sus socios –David Vainstub, Jorge Rossi y el ya fallecido Ángel Luis Schroeder– alquilaran las instalaciones para hacer asados, sin anoticiarse ni importarles si los usuarios comen carne proveniente del abigeato. El absurdo radica en pretender equiparar ambas situaciones: dejar comer en su quincho una vaquilla robada y permitir que en su clínica se roben bebés.


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En la audiencia del 10 de junio ante la Cámara Federal de Paraná se presentaron argumentos para la revocatoria de la falta de mérito de Miguel Torrealday, el médico sospechado de intervenir en la sustracción de los mellizos Valenzuela Negro. El fiscal y los querellantes pusieron en crisis la coartada del gerenciamiento de “puertas abiertas” del IPP, de donde fueron robados los bebés.

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