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Radiografía de la esclavitud
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miércoles 16 de abril de 2014
La trata laboral implica una violación a los derechos humanos, afecta la libertad de las personas, su capacidad de autodeterminación y su dignidad. En este informe, cómo se ejecuta en Entre Ríos, especialmente en el ámbito rural, un delito que lentamente empezó a ser visibilizado y judicializado.
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Alfredo Hoffman

Son migrantes y vulnerables. Los captan en Bolivia, en Paraguay, en las provincias del norte argentino. Los trasladan hacia Buenos Aires, Capital Federal y Entre Ríos. Los engañan, les ofrecen trabajo y un sueldo que nunca llegan a ser igual a lo prometido. Terminan hacinados en un taller textil clandestino porteño o durmiendo dentro de casillas inmundas en medio de un bosque de eucaliptos entrerriano.

Detrás de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos es una de las jurisdicciones donde más casos de explotación se han detectado y judicializado, según el informe “Trata laboral en Argentina. El tratamiento judicial de los casos en el fuero federal”, publicado este año por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Este trabajo permite conocer con bastante detalle cómo proceden los explotadores y cómo se consuma este delito que el Código Penal sanciona con penas de hasta 15 años de prisión. Es un crimen que afecta a la dignidad humana, que se comete cada día y que sólo en ocasiones sale a la luz; que ha empezado a perseguirse con las armas de la Justicia, pero que todavía mantiene impunes a los empresarios que se benefician de él.

Desde una óptica cuantitativa, el artesanal trabajo de recolección de cada una de las sentencias y procesamientos en el país que realizó la Protex, revela que en los últimos cinco años se dictaron 292 autos de procesamientos por el delito de trata, que involucran a 760 imputados y a 1279 víctimas. El 72% corresponden a la trata con finalidad de explotación sexual y el 28% restante a explotación laboral (71 casos). De estos 71 casos, 21 corresponden a Buenos Aires, 15 a Capital Federal y 9 a Entre Ríos. El resto se distribuye entre otras 12 jurisdicciones.

La ley 26.842, sancionada en diciembre de 2012, estableció que se entiende por trata el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. La explotación se configura cuando se somete a la víctima a: esclavitud o servidumbre; obligación de realizar trabajos o servicios forzados; cualquier forma de oferta de servicios sexuales; pornografía infantil; matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho; extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos; y en cualquier caso, con o sin consentimiento de la víctima.

La Procuración definió algunos criterios para diferenciar la infracción a normas laborales (trabajo no registrado o mal pago) del delito penal que merece la cárcel como sanción. Así, entendió que una primera pauta objetiva de explotación laboral se obtiene si la paga efectivamente percibida por el trabajador es un 60% inferior a la que debería haber percibido. A esto se suma la verificación de una serie de elementos de contexto que caracterizan estas relaciones fuertemente abusivas, por ejemplo: falta de una vivienda digna, alimentación adecuada, salud, educación, libertad ambulatoria, libertad de expresión y asociación, esparcimiento y descanso adecuado, entre otros.

El hilo por lo más delgado

El imputado por trata laboral es una persona que por lo general está al mando de una actividad comercial de baja o mediana envergadura y no se registran procesamientos de grandes empresarios ni textiles ni agropecuarios. Algunos son empleadores con mayor injerencia y poder económico pero la mayoría son beneficiarios directos del trabajo esclavo, no indirectos.

También se destaca el hecho de que, en la mayoría de los casos, la relación de explotación se dio entre connacionales: bolivianos que esclavizaron a bolivianos, argentinos a argentinos y chinos a chinos. Para el informe no hay dudas de que el explotador directo que somete a las víctimas es autor del delito de trata, pero no debería reducirse la cuestión a un problema entre connacionales que vienen a vivir a Argentina y llevan a cabo estas prácticas. “En todos los casos, los beneficiarios inmediatos y mediatos de la esclavización de personas son argentinos. Es aquí donde está la demanda y es necesario generar investigaciones judiciales que eleven las perspectivas de imputación hacia escalones más altos en la cadena de producción y beneficios (...) Quien percibe la mayor ganancia en la cadena de producción tiene responsabilidad y un deber de conocimiento acerca de las cuestiones que están bajo su ámbito de organización. La negación de esta responsabilidad no deja de ser un estereotipo de clase por parte de los operadores judiciales y policiales a cargo de la identificación de víctimas y victimarios. En igual sentido, debe leerse la insuficiente investigación de los circuitos de beneficio patrimonial de esa actividad explotativa que en no pocas ocasiones consagra, por sí misma, una infracción penal autónoma como puede ser el lavado de activos provenientes de la trata”, señala la Protex.

En el 40% de los expedientes estudiados se ha identificado una empresa vinculada con la explotación, sobre todo en el trabajo rural. Sin embargo, en la enorme mayoría de los casos, quienes están imputados son los explotadores o receptores, quienes en muchas ocasiones eran los que reclutaban y transportaban a las víctimas.

Migrantes y engañados

Del estudio de los procesamientos se desprende que un 70% de las víctimas son de nacionalidad extranjera y que, a su vez, los damnifcados argentinos provienen de provincias o regiones distintas al lugar en donde se concreta la explotación. El trabajador migrante, en la mayoría de los casos, se ve obligado a trasladarse porque en su ciudad no cuenta con oportunidades laborales que le permitan cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Y al llegar a destino, el empleador abusa de su condición de vulnerabilidad. “Al desplazarse se aleja de su sustento social y familiar para ir a un lugar del que desconoce los resortes sociales e institucionales para reclamar y hacer valer sus derechos. El desplazamiento acrecienta, así, su situación de vulnerabilidad, que en muchas oportunidades es aprovechada por los empleadores para imponer condiciones de trabajo abusivas que en ciertos casos traspasan las fronteras del derecho laboral e ingresan como formas modernas de esclavitud y reducción a servidumbre”, dice el informe.

También afirma que el traslado y desarraigo de un trabajador migrante lo expone con mayor frecuencia a una posible captación para la explotación de su fuerza de trabajo, y que “la condición del género agrava tal situación, por el rol social en el que se ubica a las mujeres y las desigualdades en la relación laboral que deben afrontar cotidianamente”.

El reclutador, por lo general una persona desconocida por las víctimas –aunque a veces también puede ser un familiar– se presenta en el lugar de origen con una propuesta de trabajo en talleres textiles, establecimientos rurales y, en menor medida, en comercios y casas particulares. El traslado se realiza usualmente por vía terrestre, en micro, y con el reclutador llevando a varias víctimas. El ingreso al país suele ser caminando, ya sea por pasos de frontera con control migratorio o ilegales.

Mientras tanto, la migración interna de los trabajadores rurales suele estar intermediada por los llamados “cuadrilleros”, que son quienes cumplen el rol de reclutar trabajadores para las cosechas. Estos intermediarios obtienen un porcentaje del salario del trabajador por convocarlos a trabajar y, muchas veces, son los que consiguen los micros o camiones en los que se realizan los transportes.

En más del 57% de los casos las ofertas laborales resultaron engañosas, mayormente en cuanto a las condiciones de la actividad: la jornada laboral (86,3%), las condiciones de salubridad e higiene (74.3%), las condiciones habitacionales (73%) y la remuneración. El pago prometido difiere del efectivamente percibido por la retención de salarios, el descuento de gastos como pasajes, comida, herramientas y ropa de trabajo –gastos que se cobran a precios elevados y que deberían estar a cargo del empleador– o incluso sin justificación.

En cerca del 45% de los casos, el engaño fue respecto de la libertad ambulatoria en destino. Se constató restricción de libertad cuando los trabajadores no tenían llaves del lugar, no podían salir si no eran acompañados de otros compañeros o encargados y sólo algún día especial en la semana y por un tiempo limitado, o denunciaron el pago de multas por salir a recibir atención médica o por alguna otra necesidad. También se da cuando la víctima se encuentra en medio de un campo sin medio de transporte para llegar a la población más cercana o sin teléfono para requerir un traslado de urgencia, por ejemplo.

Toda esta secuencia de engaños va consolidando la situación de explotación, llegando a casos extremos de violencia física, retención de documentos y privación ilegal de la libertad.

Explotación a la entrerriana

Los primeros resultados de los controles de la Delegación Entre Ríos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) –a los que tuvo acceso Telaraña– permiten conocer detalles de cómo se da habitualmente la explotación en el ámbito rural en esta provincia, aunque desde que comenzaron las inspecciones, en agosto de 2013, aún no se han derivado casos a la Justicia por trata laboral.

Las irregularidades detectadas por el Renatea se dan con mayor frecuencia en el sector de servicios forestales, en la cosecha de arándano y en la limpieza de galpones avícolas. Van desde la informalidad laboral hasta condiciones de hacinamiento.

En el caso del arándano, cuya zona núcleo de producción se da en Concordia, el principal problema que ha encontrado el organismo es la subcontratación de mano de obra, algo explícitamente prohibido por el nuevo Régimen de Trabajo Agrario (ley 26.727). La mecánica es la siguiente: una empresa contrata a cuadrilleros –en ocasiones monotributistas– que, a su vez, contratan a trabajadores para la cosecha del fruto. En ese escenario se desvirtúa la relación laboral, ya que hay una clara tercerización de mano de obra por parte de sujetos que, por otra parte, ni siquiera pueden ser considerados empresarios. La ley prohíbe este mecanismo, justamente por los abusos a los que estas modalidades suelen dar lugar y porque son prácticas tendientes a licuar la responsabilidad de los empleadores en el plano del derecho del trabajo.

En el sector avícola, hay informalidad en materia de limpieza de galpones de cría de aves o de aves para postura. En la mayoría de los casos los “guaneros” prestan servicios en precarias condiciones de seguridad e higiene y por un salario por debajo de lo estipulado por la ley. En diferentes inspecciones se han detectado trabajadores contratados de manera absolutamente informal, realizando sus tareas descalzos, sin guantes y sin ropa adecuada ni barbijos. En algunos casos no sabían leer ni escribir, no tenían certeza de cuánto cobraban ni dónde estaban, ya que para la limpieza de galpones suelen ser contratadas personas oriundas de Corrientes.

En el sector forestal se detectaron incumplimientos en materia de vivienda, seguridad e higiene, además de trabajo no registrado. En un reciente operativo realizado por personal de Renatea y del Ministerio de Trabajo de la provincia se encontraron condiciones de hacinamiento, falta de elementos de protección e informalidad laboral en trabajadores que prestan servicios de corte y limpieza. Un común denominador prevalece en el sector: los obreros tratan de no ser “descubiertos” por los cuerpos de inspección laboral del Estado por temor a no volver a ser contratados. Esto es lo que sucedió en un campo del Departamento Federación: un obrero de 54 años se escondió bajo ramas de eucaliptos para no ser visto.

En el resto de las actividades el principal incumplimiento se da en cuanto a las horas de trabajo y en la modalidad contractual. La ley establece un máximo de ocho horas diarias, lo que no suele ser respetado por los empleadores. Del mismo modo, suele utilizarse la figura de “peón general” –la calificación más baja en la escala salarial homologada por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario– cuando en realidad los trabajadores manejan tractores o implementos agrícolas que demandan mayor calificación.


Fotos tomadas en operativos de fiscalización en explotaciones forestales entrerrianas – Gentileza Renatea.

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